El jefe de Acciona imputado en el ‘caso Koldo’ compró una casa de lujo en El Puerto de Santa María en plena trama

Justo Vicente Pelegrini, ex directivo de Acciona investigado en el caso Koldo por el Tribunal Supremo, ha adquirido una vivienda de reciente construcción en El Puerto de Santa María (Cádiz) valorada en casi un millón de euros. La compra se ha producido durante el periodo en que la Unidad Central Operativa (UCO) de la Guardia Civil sitúa la operación de la presunta trama de amaños de contratos públicos.

Según consta en las actas de la Guardia Civil, Justo Vicente Pelegrini ha comprado un inmueble ubicado en un complejo construido en El Puerto de Santa María, muy cerca de la lujosa playa de El Cangrejo Rojo a la que tiene conexión directa. Se trata de una propiedad que forma parte de un desarrollo inmobiliario de nueva construcción precisamente de Acciona. Mientras tiene que otras tres propiedades que datan de edificaciones más antiguas.

La adquisición cobra especial relevancia porque se ha producido cuando, según las investigaciones, la trama presuntamente amañaba contratos públicos. Justo Vicente Pelegrini era el director de Construcción de Acciona para España hasta el pasado 16 de junio, cuando la empresa lo cesó tras conocerse el informe de la UCO. Justo Vicente ya pasó dos noches en los calabozos de la Guardia Civil en Tres Cantos acusado en el caso Acuamed en 2016.

Proyecto Cangrejo Rojo

La vivienda se encuentra en una zona donde Acciona Inmobiliaria ha desarrollado un ambicioso proyecto urbanístico. Las obras de urbanización en el antiguo Club Mediterráneo de El Puerto, en la zona conocida como Cangrejo Rojo, comenzaron en julio de 2020 con una inversión inicial multimillonaria.

El proyecto ha transformado 8 hectáreas y media en un complejo turístico-residencial de 88.000 metros cuadrados. Incluye un hotel de categoría 4 superior de hasta 200 habitaciones, más de 130 apartamentos turísticos y una zona residencial con 104 viviendas de lujo, según el dossier comercial de la promoción.

Las viviendas, de 2, 3 y 4 dormitorios con terrazas y jardines, se han comercializado a precios premium en un entorno que Acciona ha calificado de «exclusivo» en un dossier comercial.

Interrogatorios en el Supremo

El instructor del caso Koldo en el Supremo, Leopoldo Puente, interroga este miércoles como investigados a Justo Vicente Pelegrini y a dos subordinados suyos: Tomás Olarte y Manuel José García Alconchel, directores de la zona norte y sur de Acciona Construcción respectivamente. La empresa los suspendió en sus funciones el pasado 18 de noviembre.

La UCO les señala como el nexo de la constructora en las obras bajo sospecha que Acciona logró en Unión Temporal de Empresas con Servinabar, empresa ligada a Santos Cerdán y a su socio Antxón Alonso. Esta última mercantil se sitúa en el epicentro de la presunta trama de amaños en licitaciones a cambio de mordidas.

Según las pesquisas, el ex secretario de Organización del PSOE Santos Cerdán era dueño al 45% de Servinabar. Los investigadores calculan que los ingresos percibidos por Servinabar vinculados con Acciona ascienden «al menos» a 6,7 millones, lo que supone el 75% del total ingresado en el periodo investigado.

De Justo Vicente Pelegrini, la UCO refiere que «mantenía asidua comunicación con Antxón, habiéndose reunido en persona en determinadas ocasiones, tanto solos como con Santos», en unos encuentros que «habrían sido revestidos de medidas de seguridad, como comunicarse mediante anotaciones manuscritas» mostradas en pantalla durante videoconferencias. Sabían que estaban haciendo maniobras irregulares y en lugar de actuar con transparencia buscaban salvoconductos opacos como el uso aplicaciones de chat encriptado como Threema o el apagado de móviles al estar reunidos.

Cuatro registros

Los agentes de la Guardia Civil practicaron el 14 de noviembre registros en las tres viviendas vinculadas a Justo Vicente Pelegrini. En primer lugar, un domicilio en Valdepeñas (Ciudad Real) donde los funcionarios accedieron mediante un cerrajero municipal ante la ausencia de moradores, según consta en el acta judicial. El registro, realizado en presencia de tres agentes de la Policía Local como testigos, se prolongó desde las 08:40 hasta las 11:05 horas y se intervinieron varias carpetas.

Por otra parte, se investigaron dos casas en Madrid. En la vivienda familiar, donde estaba él con su mujer, dos hijos y un perro, la Guardia Civil intervino material informático —un teléfono móvil iPhone 16, una tablet iPad Pro y el contenido de un correo electrónico Gmail— además de documentación en papel foliada y sellada que sumó 58 folios.

El segundo inmueble madrileño, más céntrico, no fue objeto de registro después de constatarse durante la primera diligencia que la vivienda se encuentra arrendada y constituye el domicilio de dos personas ajenas a la investigación, según detalla el acta de la Guardia Civil.

En la vivienda de El Puerto de Santa María los agentes, que se personaron a las 07:30 horas, tuvieron que recurrir a un cerrajero privado para acceder al inmueble ante la imposibilidad de contactar con el propietario. El registro del domicilio y su anexo —un trastero en la planta sótano— finalizó a las 11:48 horas «no habiéndose intervenido efecto alguno», según recoge literalmente el acta policial ya que ahí no había información de interés. Las cerraduras dañadas fueron sustituidas y las nuevas llaves quedaron bajo custodia de la fuerza actuante para su entrega al titular.

Acciona Construcción ha negado el pago de comisiones a ninguna de las personas señaladas en la causa judicial. La empresa ha decidido la suspensión cautelar en sus funciones de los empleados citados como investigados, sin prejuzgar ninguna responsabilidad. Está valorando personarse el caso como perjudicados y auditar los proyectos bajo sospecha.

La adquisición de la vivienda de lujo por parte de Justo Vicente Pelegrini en pleno desarrollo de la presunta trama añade un nuevo episodio patrimonial a una investigación que salpica a destacados dirigentes políticos y empresariales. Recuerda a la compra de un piso de dos millones en el centro de Madrid por parte del director general de Carreteras Javier Herrero que desveló OKDIARIO. Así, la UCO continúa escudriñando los movimientos financieros y las relaciones empresariales de todos los implicados en este caso que ha sacudido los cimientos de la contratación pública en España.