Un informe de Hacienda reconoce «ilegalidades» en los contratos que ganó Barrabés con el apoyo de Begoña

Adjudicación realizada con criterio «arbitrario», fruto de una «actuación discriminatoria y contraria al principio de igualdad» para beneficiar a Barrabés –socio de Begoña Gómez– amañándole las puntuaciones «injusta e ilegalmente» para, «incumpliendo la ley», darle contratos públicos del Gobierno en detrimento de otros licitadores. Son algunas de las demoledoras conclusiones que recoge un informe pericial realizado por un interventor y auditor del Estado a petición de la Fiscalía Europea. La retahíla de irregularidades detectadas quedan expuestas extensamente en este informe que, para inri del Gobierno de Sánchez, lleva el membrete del Ministerio de Hacienda porque, orgánicamente, la Intervención General del Estado está adscrita a dicho departamento.

Este informe, que desvela en exclusiva OKDIARIO, ha sido remitido a la Fiscalía Europea. Es un un nuevo documento pericial que describe, de forma exhaustiva, múltiples irregularidades en tres contratos de formación adjudicados por la empresa pública Red.es entre 2020 y 2021 a uniones de empresas lideradas por el Grupo Barrabés, por un importe total de 8,4 millones de euros. Se trata de una compañía a la que Begoña Gómez, esposa del presidente del Gobierno, apoyó con su firma en cartas de apoyo. para que consiguiera cuantiosas adjudicaciones de contratos públicos.

El informe, que desvela en exclusiva OKDIARIO, está fechado el 2 de agosto y analiza las licitaciones de «Formación de empleo juvenil para la economía digital» y «Servicio de formación para personas desempleadas», financiadas parcialmente con partidas del Fondo Social Europeo. Las adjudicaciones recayeron en la UTE formada por Innova Next SL (Grupo Barrabés) y The Valley Digital Business School.

La investigación revela que Red.es aplicó cálculos irregulares que no cuadraban con lo establecido en origen. También dice que se apartó a una empresa sin justificación adecuada. Igualmente se resalta que se puntuaron elementos que no estaban anunciados en las bases del concurso, como currículos de profesores y cartas de apoyo de empresas, lo que perjudicó a quienes no los incluyeron.

Según el perito, la fórmula utilizada para valorar el precio de las ofertas incluía una «constante 5» –a todos se les daba un 5 sobre 10 de entrada– que reducía sustancialmente las diferencias de puntuación entre ofertas baratas y caras, desincentivando la competencia. El informe determina que, pese a establecerse nominalmente un 60% de peso para criterios de precio frente al 40% técnico –puntos por calidad–, la distribución real era del 42,86% económico y 57,14% técnico debido a las fórmulas aplicadas.

Otra de las irregularidades más graves identificada es que la valoración técnica la realizó la Mesa de Contratación cuando legalmente debería haber correspondido a un Comité de Expertos.

«Lo anterior implica que los Pliegos, en vez de dar certidumbre al proceso, han transmitido información errónea a los licitadores», concluye el perito, quien considera que podría constituir «un fraude de Ley» para eludir la normativa sobre Comités de Expertos.

El director de Economía Digital Luis Prieto firmó los informes de valoración técnica utilizando como referencia constante las ofertas de la UTE adjudicataria, una práctica que el perito califica de «no usual» y «no razonable». Los informes incluían «numerosas referencias» que «enfatizan la alta calidad» de las propuestas de la UTE vinculada a Barrabés, por la que precisamente tenía interés Begoña Gómez.

Criterios opacos

La valoración se realizó mediante plantillas que no figuraban en los pliegos públicos, vulnerando el principio de transparencia. Los licitadores desconocían los elementos específicos que serían valorados y su peso relativo en la puntuación final.

Especialmente problemático resulta que se valoraron positivamente elementos no contemplados en los pliegos, como los currículos de profesores o las denominadas «cartas de apoyo» de empresas como Microsoft, IBM y Amazon. Estas cartas, según el informe, eran meras «declaraciones de intenciones que no obligan a nada», pero fueron consideradas «acuerdos» en la valoración técnica.

El porcentaje de ofertas excluidas por «baja calidad técnica» fue inusualmente elevado: 55,6% en el lote 1 del primer expediente, 41,7% en el lote 3, y 65% en el segundo expediente.

Una exclusión irregular

El informe documenta la exclusión irregular de la UTE AWAKELAB por presunta baja calidad desproporcionada. Aunque la empresa presentó justificación en plazo, Red.es informó inicialmente que no había recibido documentación alguna debido a una «incidencia informática».

El análisis posterior del perito concluye que «la motivación que se da en el informe y que asumió el Presidente de la Mesa sin reunir la Mesa es inadecuada e insuficiente».

La exclusión se formalizó prescindiendo de las normas esenciales de formación de voluntad de los órganos colegiados, lo que según el perito podría acarrear «causa de nulidad de pleno derecho».

Sin planes de igualdad

Otro aspecto controvertido es la exigencia de Planes de Igualdad a empresas sin obligación legal de tenerlos, práctica que el Tribunal Administrativo Central de Recursos Contractuales considera discriminatoria. El informe concluye que no está acreditado que las integrantes de la UTE adjudicataria dispusieran efectivamente de dichos planes, aportando únicamente un «borrador» creado después del plazo de presentación de ofertas.

El análisis técnico reveló además que determinados documentos de valoración fueron aparentemente modificados con posterioridad a las fechas de los informes técnicos y a las reuniones de la Mesa de Contratación, aunque la Unidad de Ciberdelincuencia de la UCO determinó que no existe evidencia de alteración del contenido.

La Fiscalía Europea, que comanda Ignacio de Lucas, investiga estos hechos en el marco de un procedimiento opaco que busca esclarecer posibles irregularidades en el uso de fondos europeos destinados a la formación digital y el empleo juvenil. El caso ejemplifica los riesgos de la contratación pública cuando los mecanismos de control y transparencia no funcionan adecuadamente, comprometiendo la eficiente utilización de recursos públicos y europeos.