El hijo del embajador Morodo cobraba de Chávez en una hora el sueldo mensual de 200 venezolanos
Así mintió ante el juez el embajador de Zapatero en Venezuela: «Nunca he recibido dinero de PDVSA»
Zapatero negoció con Chávez un contrato para el grupo del que su ministra Espinosa era tesorera en Panamá
Alejo Morodo Cañeque, hijo del ex embajador de Zapatero en Venezuela Raúl Morodo, cobraba unos honorarios de 739 euros la hora por «asesorar» a la petrolera estatal PDVSA, controlada por el Gobierno de Hugo Chávez.
El sueldo mínimo legal hoy ronda los 3,55 dólares en Venezuela, por lo que el hijo del embajador Morodo cobraba de PDVSA cada hora 200 veces el sueldo mínimo mensual de un venezolano.
La UDEF y la Fiscalía Anticorrupción han logrado acreditar que Alejo Modoro cobró al menos 4,4 millones de euros de PDVSA , la mayor empresa pública del Gobierno de Venezuela, entre 2010 y 2013. El grueso de esta cantidad, 2,6 millones, lo recibió a través de su sociedad Aequitas Abogados, cuya sede se encuentra en su domicilio familiar de la calle Eduardo Dato de Madrid.
Pero al mismo tiempo, el hijo del embajador Raúl Morodo cobraba por asesorar a la petrolera PDVSA a través de una segunda sociedad radicada en Panamá, Furnival Barristers Corp, de la que posee el 100% de las acciones. Estos últimos pagos se realizaron a través de la cuenta del Credit Suisse 0251-1435769-6 en Suiza.
De la totalidad del dinero que cobró de la petrolera de Hugo Chávez, Alejo Morodo transfirió en varias operaciones 420.000 euros a una cuenta bancaria de la que es titular su padre, Raúl Morodo, quien fue embajador de España en Venezuela entre 2004 y 2007, por designación del presidente José Luis Rodríguez Zapatero.
Durante su declaración como imputado ante el juez de la Audiencia Nacional Santiago Pedraz, Raúl Morodo negó estas cifras y aseguró que sólo ha recibido algo más de 80.000 euros que le prestó su hijo, aunque desconoce la procedencia de este dinero.
La UDEF sospecha que los pagos por supuestas «asesorías» que Alejo Morodo recibió de la petrolera de Hugo Chávez en realidad eran comisiones ilegales de índole política, en vista de las abultadas cantidades recibidas y de que su sociedad carece de empleados.
En sus informes sobre la familia Morodo dirigidos al juez, la UDEF recuerda que «la empresa de petróleos estatal venezolana PDVSA ha aparecido vinculada a diferentes actividades criminales tales como tráfico de drogas, blanqueo de capitales y delitos relacionados con la corrupción, con lo que hace plausible la hipótesis de que a través de la operativa analizada se estuvieran blanqueando fondos de origen dudoso».
Alejo Morodo firmó el 19 de agosto de 2010 un primer contrato con el secretario general de PDVSA, Juan Carlos Márquez, por el que su sociedad panameña Furnival cobraría 805.250 euros por asesorar a la petrolera durante un año. En este caso, los honorarios profesionales del hijo del embajador español se fijaron en 240 euros la hora.
Aunque consta así en el anexo del contrato, el cálculo es inverosímil, ya que implica que Alejo Morodo dedicó 398 días del año (en jornadas laborales de ocho horas) a asesorar a la petrolera. En el documento, su sociedad offshore Furnival aparece domiciliada en el Plaza 2000 Building, 50th St. de Ciudad de Panamá.
En las mismas fechas, Alejo Morodo firmó con PDVSA un contrato prácticamente idéntico, pero esta vez a nombre de su sociedad madrileña, Aequitas Abogados. Es decir, cobraba por duplicado sus labores de asesoramiento a la petrolera de Hugo Chávez: a través de su sociedad de Madrid y de su offshore en Panamá.
Un año después, el 1 de octubre de 2011, Juan Carlos Márquez dirigió un «punto de cuenta» al ministro venezolano de Petróleo y presidente de PDVSA, Rafael Ramírez, en el que solicitaba renovar los contratos de «asesoría corporativa, fiscal y legal» con las dos sociedades del hijo del embajador Morodo.
Y de nuevo, Alejo Morodo firmó con PDVSA sendos contratos de asesoramiento, en representación de sus dos sociedades. El de Aequitas Abogados está rubricado en Caracas el 20 de agosto de 2011 (es decir, antes de la petición cursada por Márquez) por un importe de 526.880 euros, según consta en el anexo.
La operación se repitió el 21 de agosto de 2012, según la documentación que el juez Pedraz ha incorporado a la causa. Esta vez el importe del contrato, que incluye una cláusula de confidencialidad sobre el contenido de los trabajos, se fijó en 1.584.000 euros por un año, con unos honorarios de 739 euros la hora (el triple que en los contratos anteriores).
Durante su declaración ante el juez Pedraz (tres días antes de ser hallado muerto), Juan Carlos Marquez aseguró que Alejo Morodo tan sólo rendía cuentas sobre estos trabajos de asesoramiento al ministro de Petróleo y presidente de PDVSA, Rafael Ramírez. Y añadió que vio a «muchos otros políticos españoles» reunirse con el máximo responsable de la petrolera estatal venezolana que repartía una lluvia de millones a cambio de asesorías ficticias.
Márquez prestó declaración ante el juez de la Audiencia Nacional Santiago Pedraz el pasado mes de julio, sobre los pagos de PDVSA a la familia del ex embajador español Raúl Morodo. Tan sólo tres días después, el testigo apareció muerto en una oficina que había adquirido en San Sebastián de los Reyes (Madrid), ahorcado con su propio cinturón.
El juez instructor Santiago Pedraz ha incorporado al sumario varias de las facturas que Alejo Morodo remitió a PDVSA, a nombre de sus dos sociedades, para cobrar estos servicios de asesoría. Según estos documentos, tan sólo en el año 2013 su sociedad panameña Furnival recibió al menos 1,2 millones de euros de la petrolera de Hugo Chávez.
En el siguiente documento, la dirección de PDVSA ordena pagar cuatro facturas que Alejo Morodo había presentado, en representación de Aequitas Abogados, por un importe que suma 600.000 euros, como «honorarios profesionales por asesoramiento jurídico y gestión legal de documentación en materia de derecho mercantil, fiscal y contable en el Reino de España y Portugal». Alejo Morodo había enviado a la petrolera una factura de 160.000 euros en noviembre de 2012, otra de idéntico importe en diciembre, otra de 140.000 euros en enero de 2013 y una cuarta por el mismo importe un mes después.
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