El ex policía que iba a vender dossiers a C’s ha trabajado para un capo de la mafia rusa

El ex comisario de Policía Francisco Álvarez, que ofreció a Ciudadanos (Cs) dossieres confidenciales a 2.000 euros, se vio involucrado en el escándalo que provocó la dimisión de Eduard Planells como delegado del Gobierno en Barcelona, por sus vínculos con la mafia rusa.

Eduard Planells ocupaba el cargo desde 2004, nombrado por el Gobierno de José Luis Rodríguez Zapatero, y fue detenido en 2007 en el marco de la Operación Avispa. Según la Fiscalía Anticorrupción, dio instrucciones a los funcionarios de la Subdelegación de Gobierno para resolver expedientes a favor del capo de la mafia rusa Tariel Oniani (que actualmente cumple condena en una cárcel rusa) y de uno de sus más estrechos colaboradores, el empresario Malchas Tetruaschvili.

La Fiscalía Anticorrupción solicita una pena de 20 meses de cárcel para Eduard Planells, imputado por prevaricación y tráfico de influencias. Según el escrito de acusación, facilitó permisos de residencia para once personas vinculadas a Oniani (incluyendo a una de sus amantes) y Tetruaschvili, presuntamente a cambio de favores.

En el marco de esta investigación, el juez de la Audiencia Nacional Fernando Andreu se desplazó a Barcelona en febrero de 2008 para tomar declaración al ex comisario de Policía Francisco Álvarez, quien tras ser condenado a nueve años de cárcel por su participación en la guerra sucia del GAL. Actualmente, Álvarez actualmente dirige una empresa de seguridad, Check and In SA, junto al comisario en excedencia Jesús Argüelles.

Interrogado por el juez Andreu

La investigación de la Operación Avispa había puesto de relieve que empresario Malchas Tetruaschvili, vinculado a la mafia rusa, había contrato los servicios del ex comisario Francisco Álvarez como asesor de seguridad.

El juez Fernando Andreu también tomó declaración en Barcelona al ex diputado de CiU en el Parlament Antonio Fernández Teixidor, ya que fue la persona que puso a Eduardo Planells en contacto con el capo de la mafia rusa Tariel Oniani.

Como ha informado OKDIARIO, el jefe de seguridad de Ciudadanos (C’s), Francisco Lacasa, pidió al presidente de la empresa de seguridad Astra Sistemas, Vicente Codes, que le suministrara dossieres confidenciales con datos protegidos (como antecedentes penales, declaraciones de Hacienda y datos médicos), según una denuncia presentada el pasado día 11 ante la Fiscalía de Barcelona.

Siempre según la misma denuncia, el encargado de elaborar estos informes reservados era el ex comisario de Policía Nacional Francisco Álvarez, que fue condenado a nueve años de cárcel por su participación en el secuestro de Segundo Marey, por parte de mercenarios pagados con fondos reservados del Ministerio de Interior.

Ciudadanos niega los hechos

La denuncia presentada en Fiscalía incluye un correo electrónico de Vicente Codes dirigido a uno de sus colaboradores, Albert Gabàs (que es quien ha denunciado los hechos), y a Francisco Álvarez, con el siguiente texto:  “Debemos vernos inmediatamente. Desde el día 3 de Mayo que estuvimos reunidos con el Sr. Lacasa todavía no hemos sido capaces de preparar un presupuesto. Os aseguro que así no podemos ir a ningún sitio”. Y dirigiéndose al ex comisario Francisco Álvarez, añade: “Paco, el Sr. Lacasa necesita los informes de antecedentes penales, lo hablamos cuando nos veamos”.

Fuentes oficiales de Ciudadanos (Cs) reconocen que se produjo la reunión entre Francisco Lacasa y Vicente Codes en mayo de 2007, pero recalcan que el jefe de seguridad del partido naranja «en ningún momento solicitó nada que pudiera resultar ilegal ni cerró ningún acuerdo» con el presidente de Astra Sistemas.

Antes de ser nombrado jefe de seguridad de Ciudadanos, en abril de 2017, Lacasa trabajó durante tes años para Astra Sistemas, a las órdenes de Vidente Codes. La relación entre este empresario y el ex comisario Francisco Álvarez también es conocida: en 1995, Codes compró al entonces imputado por los GAL su empresa de seguridad Matenimiento Instalaciones Telefonía SA (Mitsa), y la rebautizó como Telefonía Catalana SA (Tecat).