Una empresa admite ante notario que sobornó con 500.000 € al presidente de la Diputación de Lérida

La corrupción vuelve a cercar al partido de Artur Mas en plena campaña de las elecciones autonómicas del 27S, que pretende convertir en un «plebiscito» independentista.

Miembros del Consejo de Administración de una constructora catalana (M y J Grúas) admiten en un acta notarial que han pagado una comisión ilegal al presidente de la Diputación de Lérida, Joan Reñé i Huguet. La mordida se abonó a cambio de la adjudicación de un contrato para explotar seis plantas depuradoras en la comarca del Pla de d’Urgell.

Un informe económico interno cifra en algo más de 500.000 euros el dinero en metálico que habría salido de las cuentas de la compañía de forma irregular durante los últimos tres años, cifra que se correspondería con el importe de la comisión ilegal pagada al presidente de la Diputación.

Joan Reñé es alcalde del municipio de Fondarella desde hace más de 20 años y en julio de 2011 asumió la presidencia de la Diputación de Lérida, uno de los principales bastiones del partido fundado por Jordi Pujol. Se trata de un histórico de Convergència Democràtica de Catalunya (CDC), hoy incorporado a la plataforma independentista Junts pel Sí.

Como presidente del Consell Comarcal del Pla d’Urgell, Reñé adjudicó el 31 de marzo de 2010 a la UTE Depurpla 2 la explotación de seis depuradoras de la comarca por un periodo de 15 años.

El contrato se adjudicó por 22,5 millones de euros para gestionar las plantas de tratamiento de aguas residuales de Fondarella (la localidad de la que es alcalde el propio Joan Reñé), Linyola, Bell-lloc d’Urgell, Barbens-Ivars d’Urgell, Bellvís i Juneda-Torregrosa.

El principal integrante de la UTE Depurpla 2 es la constructora M y J Gruas SA, una empresa familiar con más de un centenar de empleados radicada en el municipio de Alguaire (Lérida).  Su administrador es José María Grúas Estadella.

Implican a su secretaria

Tal como recoge el acta notarial que reproducimos, durante la Junta General que M y J Grúas celebró el 14 de noviembre de 2014, un representante de los accionistas minoritarios pidió explicaciones sobre «cuáles son las acciones legales previstas por la empresa frente al administrador de hecho, José María Grúas Estadella, contra Joan Reñé (presidente de la Diputación de Lérida) y su secretaria por los pagos en efectivo realizados como consecuencia de la adjudicación de la concesión de la UTE Depurpla 2, responsable de las depuradoras del Pla d’Urgell».

Este representante de los accionistas advirtió que el pago de comisiones al presidente de la Diputación podría constituir un «presunto delito de cohecho».

Siendo consciente de que sus palabras iban a quedar recogidas en un acta notarial, el asesor jurídico de la compañía, Celestí Pol Vilagrasa, le contestó que «los pagos realizados como consecuencia de la adjudicación de la concesión de la UTE Depurpla 2 son conocidos por todos los miembros del Consejo».

Por su parte, el presidente del Consejo de Administración, José María Grúas Estadella, contra quien iba dirigida la acusación de ordenar el pago de comisiones al político convergente, se limitó a replicar que «tales acusaciones no tienen ningún fundamento».

Todo ello, a pesar de que el pago había sido confirmado por el asesor jurídico de la empresa «con el conocimiento de todos los miembros del Consejo».

Donaciones a la Fundación CatDem

El notario Luis Prados Ramos fue el encargado de levantar acta de todo ello. Apenas dos semanas después, estos hechos fueron puestos oficialmente en conocimiento de un organismo oficial de la Generalitat. Sin embargo, casi un año después los responsables del Ejecutivo autonómico no han hecho nada al respecto y Joan Reñé i Huguet continúa en su cargo al frente de la Diputación de Lérida, como uno de los más activos apoyos de la candidatura independentista Junts pel Sí en la provincia.

Tanto la constructora M y J Grúas como la UTE Depurpla 2 (de la que forma parte la primera) aparecen en los listados de empresas que han realizado donaciones a CatDem, la Fundación vinculada al partido de Artur Mas. La Fiscalía Anticorrupción investiga si estas donaciones fueron en realidad comisiones encubiertas abonadas a cambio de la adjudicación de contratos públicos por parte de Administraciones gobernadas por CDC.

Existe constancia documental de que la UTE Depurpla ha abonado 13.000 euros a CatDem como «donación». Por su parte, M y J Grúas aportó a la Fundación de CDC otros 50.000 euros: 30.000 euros en el año 2010 y otros 20.000 euros en 2013.