Dos empresas ligadas a Podemos han recibido al menos 5,5 millones de Ecuador
Correa dio otros 2,9 millones de la Embajada de Ecuador a una nueva tapadera de Podemos
OKDIARIO desvela las 18 transferencias bancarias que la Embajada de Ecuador en España hizo a Mayoral
La cooperativa Kinema, fundada entre otros por el diputado de Podemos Rafa Mayoral, y Mi País Consultores SL, por la que intercedió el también parlamentario morado Txema Guijarro, han recibido un total de 5,5 millones de euros a través de la Embajada de Ecuador en España.
La investigación está sobre la mesa. OKDIARIO ha ido desgranando los contratos y los pagos –que permanecían ocultos– realizados por el Gobierno de Ecuador, a través de su sede diplomática en Madrid a dos entidades relacionadas con Podemos.
Primero fueron los contratos por valor de 2,6 millones de euros que recibió la cooperativa de Podemos Kinema, supuestamente para asesorar a ciudadanos ecuatorianos residentes en España con problemas hipotecarios. La asesoría le salió cara a Ecuador, ya que, según ha desvelado también este periódico, el porcentaje de casos que se resolvían a favor de los asesorados por la cooperativa podemita era de sólo el 2%. Aun así, Ecuador siguió regando con dinero público a Kinema.
Ahora se ha conocido que, justo cuando Ecuador cortó el grifo a Kinema, apareció de la nada una nueva sociedad, Mi País Consultores SL, ubicada en el barrio madrileño de Usera, que heredó los contratos de Kinema. El valor de la relación contractual entre la empresa, por la que intercedió el diputado Txema Guijarro, alcanzó un valor de 2,9 millones de euros. Además, algunos de los abogados que trabajaron antaño en Kinema, fueron contratados por la empresa que continuó las asesorías a ciudadanos ecuatorianos en España.
Por tanto, 5,5 millones, que se sepa hasta el momento, han aflorado en la estrecha relación que mantuvo Ecuador, vía embajada en Madrid, con las dos entidades ligadas a Podemos.
La Contraloría General–como el Tribunal de Cuentas en España– del país andino ha abierto ya una investigación sobre los primeros contratos, para detectar si el dinero público pagado a través de esos contratos se empleó realmente en el objeto de los mismos o si se hizo un uso indebido, en cuyo caso trasladarían la información a la Fiscalía ecuatoriana para que ésta realizara una investigación penal en su caso y llegara hasta el fondo de este turbio asunto.
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