Denuncian a Sánchez ante el juez por prevaricación por permitir las marchas del 8-M en plena epidemia

Un abogado ha presentado ante el Juzgado de Guardia una denuncia contra el presidente Pedro Sánchez y contra los delegados del Gobierno de las 17 Comunidades autónomas por presunta prevaricación, por autorizar las multitudinarias manifestaciones feministas del 8M en plena epidemia del coronavirus.

La denuncia fue interpuesta el pasado jueves, 19 de marzo, ante los Juzgados de la Plaza Castilla de Madrid por el letrado Víctor Valladares, aunque deberá ser tramitada por el Tribunal Supremo, ya que el presidente del Gobierno tiene la condición de aforado.

En su escrito, Valladares señala que el 1 de febrero de 2020 se registró en La Gomera el primer caso de coronavirus en España, si bien esta enfermedad ya había provocado una grave alerta sanitaria en otros países como China e Italia.

El Centro Europeo para el Control y Prevención de Enfermedades envió el 2 de marzo un informe a todos los Estados miembros de la Unión Europea (UE), un informe titulado «Evaluación rápida del riesgo: brote de la nueva enfermedad por coronavirus 2019 (COVID-19): mayor transmisión a nivel mundial – quinta actualización».

El dictamen explica que «el 31 de diciembre de 2019, se notificó un grupo de casos de neumonía de etiología desconocida en Wuhan, provincia de Hubei, China. El 9 de enero de 2020, China CDC informó un nuevo coronavirus como agente causante de este brote. A partir del 2 de marzo de 2020 a las 08:00, se han notificado más de 89.068 casos de COVID-19 en todo el mundo, principalmente en China y en todas las provincias chinas».

«De estos casos», añade, «se notificaron alrededor de 9.000 casos de otros países. Hasta el 2 de marzo, 66 países habían notificado casos. El riesgo asociado con la infección por COVID-19 para las personas en la UE y el Reino Unido se considera actualmente de moderado a alto, según la probabilidad de transmisión y el impacto de la enfermedad».

El informe pedía a todos los Gobiernos de la UE que dictaran «medidas de distanciamiento social individual» y les instaba a UE «considerar la cancelación de las concentraciones masivas en casos excepcionales» , donde hubiera existido algún contagio local de coronavirus. El informe también pedía a los Gobiernos que recomendaran a sus ciudadanos «evitar acudir a actos multitudinarios», como medida preventiva.

En aquel momento, 2 de marzo, tenía 114 casos contabilizados de coronavirus, una enfermedad sobre la que la Organización Mundial de la Salud (OMS) ya había dictado una alarma sanitaria «muy alta».

Pese a ello, señala la denuncia presentada por Víctor Valladares, seis días después y «sin seguir las pautas marcadas por la UE», las Delegaciones del Gobierno autorizaron la celebración de las multitudinarias manifestaciones del 8M, «con la anuencia, sin que existiera indicación o resolución alguna por parte del Gobierno central» para prohibir estas convocatorias.

La denuncia recuerda que en la manifestación del 8M de Madrid, a la que asistieron cerca de 120.000 personas, participaron la mujer del presidente Pedro Sánchez, Begoña Gómez, y la ministra de Igualdad, Irene Montero, que pocos días después han dado positivo en el test de coronavirus.

España pasó de tener 114 casos de coronavirus el 2 de marzo (cuando la UE dictó su resolución) y 580 el 8 de marzo (día que se celebraron las manifestaciones feministas del 8M) a un total de 6.319 casos el 14 de marzo. De este modo, señala la denuncia, el número de casos por coronavirus ha crecido 45 veces más en España que en Italia, en el citado período. En estos momentos, España es el país en el que más rápidamente se propaga la enfermedad.

La denuncia acusa a Pedro Sánchez y a los delegados del Gobierno de un delito de prevaricación administrativa, de acuerdo con el artículo 404 del Código Penal, que establece una pena de 9 a 15 años de inhabilitación para la «autoridad o funcionario público que, a sabiendas de su injusticia, dictare una resolución arbitraria en un asunto administrativo».

Según el denunciante, esta «resolución arbitraria» que ha lesionado el interés general fue adoptada por las Delegaciones del Gobierno, al autorizar las manifestaciones del 8M, «correspondiendo la responsabilidad criminal en concepto de cooperador necesario a Don Pedro Sánchez, presidente del Gobierno», por permitir la celebración de estos actos multitudinarios «plegándose a cualquier tipo de interés, salvo el de velar por la seguridad y salubridad de todos los españoles».