Investigación
Caso Cuarteles

El constructor de la trama del ‘Tito Berni’ cobró por obras a dedo en 200 cuarteles de la Guardia Civil

Las empresas del constructor canario Ángel Ramón Tejera de León, alias Mon en el caso Mediador de corrupción socialista, llegaron a cobrar por obras en 200 cuarteles de la Guardia Civil, ubicados en 14 zonas de toda España. Murcia, La Coruña, Albacete, Algeciras, Alicante, Ávila, Badajoz, Castellón, Huelva, Jaén, Murcia, Tenerife, Toledo y Valladolid fueron los lugares elegidos por el constructor de la trama del Tito Berni para hacer negocio por 3.385.568,72 euros. Las investigaciones de la Unidad de Asuntos Internos (UAI) de la Guardia Civil, todavía en fase de instrucción, descubrieron incluso que la propia Jefatura de Asuntos Económicos y la Dirección General habían adjudicado dos contratos por valor de 88.990,69 euros y 168.523,93 euros, respectivamente. La Agencia Tributaria rastrea todavía uno a uno todos esos contratos y el lugar donde fue a parar el dinero de los que se enriquecieron gracias a ellos. El último informe de Asuntos Internos de la Guardia Civil, fechado en marzo de 2022, recoge estos 200 contratos adjudicados a la trama.

Los contratos investigados.

Las adjudicaciones menores recibían el visto bueno de los comandantes de cada puesto o coroneles de las comandancias provinciales siguiendo la indicación del teniente general Pedro Vázquez Jarava, que pasó a la reserva el 15 de enero de 2018, pero que fue el subdirector general de Apoyo de la Guardia Civil hasta ese día, o, al menos, eso es lo que declararon los coroneles interrogados por los investigadores. Según estas mismas declaraciones de los coroneles, el citado teniente general les indicaba que contratasen mediante anticipo de caja o concurso de obra menor con Mon o el alférez Mon, como le conocían popularmente en muchos cuarteles de la Benemérita y para sus empresas, Impermercok, Angrasurcor, Canarycork y Solocorcho.

El modus operandi de las empresas de Mon era sencillo, según el informe de Asuntos Internos incorporado al sumario del caso Cuarteles. Los coroneles interrogados coincidieron en declarar que «sin ser solicitados por la UGE Zona ni a través de ésta por la Comandancia de (…), se recibió una asignación presupuestaria de crédito de (…) para esta Unidad en concepto presupuestario 212». De momento, el único coronel cesado por este caso y debido a «pérdida de confianza», según el ministerio del Interior, fue el jefe de la Comandancia de Tenerife, el coronel José María Tienda el pasado 8 de marzo tras firmar 19 contratos con las empresas de Mon, 14 de ellos con Marlaska como ministro del Interior.

José María Tienda ya figuraba también en el sumario del caso Mediador. El constructor Ángel Ramón Tejera fue grabado en una llamada telefónica con El Mediador Navarro Tacoronte donde asegura que viajará a Tenerife, ya que «el jueves como con el coronel», en clara referencia al mando de la Guardia Civil, que ya estaba siendo investigado tras una llamada efectuada por Tienda al general Espinosa, imputado en el caso Mediador.

Caso Mediador

Pero el empresario Ángel Ramón Tejera no figura como investigado en el caso Mediador, aunque aparece en dos ocasiones, pero sí en el caso Cuarteles. De hecho el empresario lanzaroteño prestó declaración en octubre de 2019 ante los agentes de Asuntos Internos. En esa declaración explicó que le unía una amistad personal con el teniente general Vázquez Jarava y «con otros mandos» de la Guardia Civil.

Algunas adjudicaciones investigadas.

Las conclusiones de la Guardia Civil son prácticamente similares en todas las comandancias analizadas, donde tramitaron «distintos expedientes de gasto pudiendo utilizarse en determinados de ellos el mecanismo de fraude consistente en encargar a un único contratista, Ángel Ramón Tejera de León, la presentación de presupuestos distintos, supuestamente de diferentes empresas, procurando que las condiciones por él ofrecidas fueran simuladamente las más beneficiosas para la Administración». La cuestión es que las tres empresas que presentaban ofertas para contratos menores, por debajo de los 50.000 euros, eran todas suyas en numerosas ocasiones.

Además, algunas de las obras que se adjudicó en esos cuarteles no fueron terminadas, fueron hechas sólo parcialmente o directamente no se realizaron. En concreto, los agentes detectaron 10 «casos en los que no se ha ejecutado alguna de las unidades de obra facturadas», otros 10 casos donde la obra no se hizo en su totalidad, dos casos con precio sobredimensionado, 8 casos de «ejecución deficiente» y un caso «en el que se superponen obras».

Huelva

Los dos primeros contratos de las empresas de Mon están fechados siete años antes, en concreto el 12 de marzo de 2014, por la empresa Impermercork con el cuartel de Cerro Andévalo en Huelva por la «reparación integral de las fachadas laterales y trasera» por 22.818 euros y por 26.326,39 euros en el cuartel de Torre Higuera por la «reparación integral del pabellón número 5», también en Huelva. Esta provincia fue la más afectada por la concesión de obras, ya que Mon recibió 61 adjudicaciones entre 2014 y 2015 sólo en esta provincia. De cerca le sigue Tenerife con 51 de estas obras. Cuatro de estas obras están en un sólo contrato adjudicado directamente por la Dirección General de la Guardia Civil en cuatro certificaciones de obra y fue tramitado por el procedimiento de urgencia. Esta obra se refiere a la demolición del cuartel de Garachico, en Tenerife, pagada en cuatro plazos de 11.000 euros, 12.000 € 63.000 euros y 82.000 euros.

Sin embargo, todavía queda por despejar por qué el caso Cuarteles nació mediante una denuncia anónima de las adjudicaciones de la comandancia de Ávila, que hizo 27 obras en sus casas cuartel y, sin embargo, otras como Algeciras hizo 29 obras, pero no desató una investigación. Ávila fue la cuarta comandancia por importancia y, sin embargo, la primera investigada. De hecho su teniente coronel es el único jefe de comandancia de todas las inspeccionadas que figura como investigado todavía junto al teniente general Vázquez Jarava, el constructor Mon y un autónomo que ejercía de subcontratado en el sumario del caso Cuarteles.