Un constructor del caso 3% se valió de sus vínculos con el Govern de Mas para que le adjudiquen obras públicas

Un constructor hizo valer sus vínculos familiares con el equipo de la entonces vicepresidenta de la Generalitat Joana Ortega para pedir al teniente de alcalde del Ayuntamiento de Barcelona Antoni Vives que le adjudicara obras públicas, según los informes que la Policía Judicial de la Guardia Civil ha remitido al juez de la Audiencia Nacional José de la Mata.

Los investigadores del Instituto Armado han analizado los dispositivos electrónicos intervenidos al ex edil de Urbanismo de Barcelona Antoni Vives  y al ex director general de la empresa municipal Bimsa, Ángel Sánchez Rubio, para rastrear el pago de comisiones ilegales del 3% a Convergència bajo la Alcaldía de Xavier Trias.

Antoni Vives es un hombre especialmente próximo a Artur Mas, ya que fue su secretario general cuando el delfín de Jordi Pujol fue nombrado conseller en cap de la Generalitat. Vives se convirtió luego en el teniente de alcalde de Hábitat Urbano (área que englobaba Urbanismo y Medio Ambiente) del Ayuntamiento de Barcelona y finalmente fue detenido en febrero de 2017, por su implicación en la trama del 3%.

La Guardia Civil ha hallado en su agenda electrónica numerosas reuniones con empresarios a los que luego el Consistorio adjudicaba otras públicas. El informe remitido al juez menciona expresamente una reunión que Vives celebró en la sede de Bimsa el 4 de junio del año 2012 con el empresario Robert Durán. La cita tuvo una duración de una hora, desde las 16:30 hasta las 17:30.

La Guardia Civil identifica al empresario Robert Durán como administrador de la mercantil Construcciones Roberto Durán SA hasta diciembre de 2011. A partir de ese momento pasa a ser administrador único de otra sociedad, Litoral Fenix SL. No obstante, en la agenda electrónica de Antoni Vives aparece como representante de la sociedad de la que ya no era administrador.

Los agentes otro dato clave para la investigación: la agenda de Vives menciona que «la esposa de Durán trabaja en la Secretaría General de Governació». Efectivamente, la Guardia Civil ha comprado que el constructor que acudió a reunirse con Antoni Vives está casado con María Ángels Barbará i Fondevila, que en aquel momento era la secretaria general del Departamento de Gobernación y Relaciones Institucionales de la Generalitat, cuya titular era Joana Ortega.

La mano derecha de Joana Ortega

La convergente Joana Ortega fue condenada por el Tribunal Superior de Justicia de Cataluña (TSJC) en marzo de 2017 a dos años de inhabilitación por su responsabilidad en la organización del referéndum ilegal de independencia del 9-N convocado por Artur Mas.

En cuanto a la mujer del constructor Rober Duran, María Ángels Barbará, luego fue nombrada directora de la Autoridad Catalana de Protección de Datos (APDCAT). Ha sido investigada por el Juzgado de instrucción número 13 de Barcelona por la completa pasividad que mostró, al frente de este organismo, ante las decenas de denuncias que recibió por el uso ilegal del censo de población en el referéndum ilegal de independencia del 1-O.

La cita detectada por la Guardia Civil en la agenda electrónica del ex concejal de Urbanismo Antoni Vives indica que el constructor Rober Durán habría hecho valer su vínculo familiar con la número 2 de la consellera Joana Ortega para solicitar la adjudicación de obras públicas del Ayuntamiento de Barcelona.

Las ‘mordidas’ del 3%

La Guardia Civil ya ha logrado acreditar que buena parte de los empresarios recibidos por el ex edil de Urbanismo Antoni Vives se habían reunido previamente con el tesorero de Convergencia, Andreu Viloca, para pactar el pago de comisiones del 3%, a menudo camufladas como donaciones a la Fundación CATDem.

Sin embargo, en otras ocasiones el encargado de negociar las mordidas del 3% para Convergència era el ex conseller de Justicia Germà Gordó. Estos hechos se produjeron durante la etapa del convergente Xavier Trias como alcalde de Barcelona.

Esta trama de corrupción funcionaba con un mecanismo simple: la Generalitat y varios ayuntamientos gobernados por Convergència adjudicaban contratos a empresarios “amigos” y con «sello de catalanidad», a cambio de que estos pagaran al partido de Artur Mas comisiones equivalentes al 3% del presupuesto de la obra.