Asuntos Internos tiró del hilo tras oír nuevas grabaciones de Villarejo a altos cargos de Interior

Asuntos Internos detectó las polémicas grabaciones que se están publicando en el registro al domicilio del comisario José Villarejo. Y esas grabaciones incluían audios relacionados con altos cargos de Interior e, incluso, de algunos de los policías que colaboraban con Villarejo. La Policía no tardó en tirar del hilo y en confirmar, además, que parte de las alusiones que se realizaban en ellas tenían que ver con otros documentos detectados: recibís y facturas a una persona conocida en el PP pero no por su relevancia política, sino porque era el chófer de Luis Bárcenas y previamente lo había sido de Francisco Granados.

Las pesquisas de la Unidad de Asuntos Internos (UAI), la unidad policial que se dedica a investigar las irregularidades de sus compañeros del Cuerpo Nacional de Policía, detectaron, además, grabaciones de los encuentros del ex comisario con sus superiores policiales y con su compañero del Cuerpo Nacional de Policía, García Castaño. Y todos esos documentos apuntaban en la misma dirección: en la de la creación de un dispositivo policial cuyo único objetivo no era el de investigar objetivos oficiales reales, sino el de retirar todos los documentos o grabaciones comprometedores que Luis Bárcenas hubiese podido acumular y que podían ser utilizados contra tres personas en concreto: Javier Arenas, Soraya Sáenz de Santamaría y María Dolores de Cospedal.

Según las fuentes de la UAI, el objetivo del plan policial era robarle a Bárcenas los documentos y notas personales que se había llevado de sus despacho de Génova. El tesorero del PP había sido despedido de su cargo por la secretaria general María Dolores de Cospedal, tras ser investigado por Baltasar Garzón en la causa Gürtel por sus relaciones con Francisco Correa. Los policías, de este modo, decidieron utilizar al chófer de Bárcenas, Sergio Ríos, para localizar el lugar donde el ex tesorero había escondido el material y rescatarlo. El conductor les desveló el domicilio de un taller donde trabajaba Rosalía Iglesias, la esposa de Bárcenas.

La operación contra Bárcenas, además, se tenía que hacer con total discreción. Y por ello se optó por usar recursos del Ministerio del Interior y fondos reservados, algo que hizo saltar la gravedad del comportamiento. Porque, además, nada de todo ello se hacía para judicializar las pruebas, sino para satisfacer los intereses de un partido político que entonces estaba siendo investigado por la misma Policía por corrupción. El Ministerio del Interior se sirvió de la infraestructura policial y del dinero de los fondos reservados para buscar pruebas con el fin de ocultarlas ante la sospecha de que podían afectar a la cúpula del partido.