Anticorrupción pide prisión para un cargo de Marcelino Iglesias por el saqueo de 147 millones

Anticorrupción ha destapado todas las entretelas del caso Plaza, la sociedad pública del Gobierno socialista de Marcelino Iglesias, que volatilizó más de 147 millones de euros por la vía de sobrecostes, adjudicaciones amañadas y obras inexistentes a cambio de cohechos. Anticorrupción pide penas de prisión, entre otros 25 acusados, para el ex viceconsejero socialista Julio Carlos Escó por delitos continuados de apropiación indebida, malversación de caudales públicos y prevaricación y cohecho.

En esta trama delictiva donde se integran los gestores de Plaza y los constructores conchabados se produjeron múltiples vías de saqueo entre 2002 y 2014. El socialista Escó fue su consejero delegado entre 2002 y 2010. Especial relevancia en el modus operandi delictivo tuvieron su director gerente, José García Becerril y su director técnico, Miguel Ángel Pérez Cervantes. “Esta sociedad fue objeto de una sucesiva merma y apropiación en su patrimonio en ejecución de un plan urdido entre los principales responsables de las obras a ejecutar”.

El saqueo fue por partes. Un capítulo importante fue el de adjudicaciones arbitrarias y fraudulentas. Las pesquisas han evidenciado emails donde el constructor recibía ilegalmente los pliegos de las condiciones para competir con tal información privilegiada.

La sobrefacturación fue otra vía para esquilmar los recursos públicos. Los correos delataban, asimismo, que los miembros de la trama pactaban de antemano los sobrecostes. Por ejemplo, una obra que debía costar 110 ya preveían que costaría 243 millones. Otra que debió costar 7 millones pasó a 16 millones.

Tan habitual era el exceso que se empezó a poner en las cuentas la coletilla “según 20% de previsión de futuros crecimientos”. Sin embargo, las obras que se preveían realizar a cambio de tales sobrepagos muchas veces no se realizaban. Resultado, las obras de urbanización por ejemplo pasaron 146 a 397 millones. Una sola depuradora llegó a tener 4,6 millones de sobrecostes.

Hubo otra vía para esquilmar los recursos públicos: se pagaron obras jamás realizadas. Sólo aparecían en las falsas facturas, pero no en el terreno. Más de 1,7 millones desaparecieron por esta vía.