Un alto cargo de Revilla admite las irregularidades en los cursos de formación que investiga la UDEF

La directora del Instituto Cántabro de Servicios Sociales (ICASS), Felisa Lois, reconoce en una grabación las irregularidades en el reparto de ayudas a los cursos de formación que desde hace meses está investigando la Unidad de Delincuencia Económica y Fiscal (UDEF) de la Policía Nacional

Lois se reunió con la representante de uno de los centros de formación afectados, que perdió las ayudas debido a que funcionarios de su departamento le negaron el preceptivo certificado de accesibilidad. En la grabación del encuentro, que acompaña a esta noticia, Felisa Lois reconoce ser consciente de que varios centros se han visto castigados en el reparto de subvenciones por parte de determinados funcionarios, entre los que cita a Patricia Señas, responsable del Centro de Accesibilidad y Ayudas Técnicas del Gobierno Cantabria.

“Hemos detectado una serie de penas, de castigo, de ciertas maneras y a ciertos organismos. Así como en otros casos me encuentro que se se han solicitado informes desde aquí, desde la dirección del ICASS, y esta persona, dependiendo de quién era el alcalde, le ha hecho saber cuál era el informe que me mandaba. Nunca sabes con quién estás trabajando”, asegura Lois en la cinta.

La UDEF investiga una trama corrupta

De este modo, la máxima responsable del ICASS reconocía ser consciente de que se ha perjudicado de forma injusta a varias academias de formación. Varios responsables de las empresas que imparten los cursos han denunciado que se les han denegado las ayudas y los certificados de accesibilidad por negarse a pagar mordidas a determinados funcionarios.

En la imagen que acompaña a esta noticia, Felisa Lois (en el centro) aparece entre la consejera de Sanidad del Gobierno de Cantabria, Maria Luisa Real, y la consejera de Universidad e Investigación, Eva Díaz Tezanos.

Esta grabación ya ha sido remitida a la UDEF, que desde hace meses desarrolla una investigación para averiguar si existe una trama corrupta en torno a las subvenciones a los cursos de formación que afectaría a funcionarios y a altos cargos del Gobierno de Cantabria.

Tres centros denunciaron los hechos

La UDEF, con efectivos trasladados desde la Comisaría General de la Policía Judicial de Madrid, inició su investigación en torno a los criterios para repartir los fondos de formación y los parámetros utilizados para declarar a los centros accesibles, tras recibir las denuncias de tres centros a los que fueron denegadas las subvenciones.

Durante sus pesquisas, la Policía ha requerido miles de documentos del Servicio Cántabro de Empleo (EMCAN), que se encarga del reparto de los cursos, y del Instituto Cántabro de Servicios Sociales (ICASS), encargado de acreditar la accesibilidad de las diferentes empresas a través del Centro de Accesibilidad y Ayudas Técnicas (CAT).

Cossío Formación fue uno de esos centros afectados que acudió a la UDEF de la Policía Nacional para denunciar supuestas irregularidades en la homologación de centros de formación para el empleo.