Trapero engañó al juez Aguirre para proteger a la banda del narco Carbajo

La División de Investigación Criminal de los Mossos d’Esquadra que dirigía Josep Lluís Trapero engañó al titular del Juzgado de Instrucción número 1 de Barcelona, Joaquín Aguirre, para proteger a la banda del narcotraficante Manuel Giménez Carbajo.

Al menos así lo sostiene el propio juez Aguirre en un durísimo auto dictado en junio de 2011, en el que imputó al que entonces era el número 2 de Trapero, Antoni Salleras, por omisión del deber de perseguir delitos y ocultación de documentos a la autoridad judicial en el caso Macedonia. Trapero no llegó a ser imputado porque, en su declaración ante el juez, el subinspector Salleras asumió toda la responsabilidad de lo ocurrido.

La Unidad Adscrita de los Mossos que trabajaba bajo la supervisión directa de Trapero se había creado para investigar la mafia de los prostíbulos Saratoga y Riviera de Castelldefels, cuyos propietarios presuntamente pagaban sobornos a agentes de policía para obtener su protección.

En aquella causa actuó como testigo el narcotraficante Manuel Giménez Carbajo, que llegó a entablar con Trapero «una buena relación de colaboración, e incluso de amistad» personal, tal como indican los informes oficiales de la División de Asuntos Internos de los Mossos.

Dieron el cambiado en un alijo de cocaína

En 2009, el juez Joaquín Aguirre recurrió a la misma Unidad Adscrita para investigar el robo de un alijo de 54 kilos de cocaína en Barcelona. Como ha informado OKDIARIO, la Guardia Civil detuvo a uno de los miembros de la banda de Carbajo, Juan Miguel Bono, cuando se disponía a recoger 29 «paquetes de cocaína» del maletero de un coche.

Sin embargo, cuando la sustancia fue enviada al Instituto Nacional de Toxicología para su análisis, se constató que sólo había cocaína en uno de los paquetes. En los restantes había yeso y azúcar. Alguien había dado el cambiazo para burlar a la policía.

Tras recibir el encargo del juez Aguirre, la Unidad Adscrita dirigida por Trapero se dedicó a desviar la atención del miembro de la banda de Carbajo y centró sus indagaciones en los dos individuos que le habían vendido la droga: Alfredo López y David Donoso.

Es decir, la Unidad Adscrita de los Mossos se dedicó, casi exclusivamente, a perseguir a los dos traficantes que habían estafado a la banda de Carbajo. Al cabo de unos meses, el magistrado se impacientó y encargó la investigación a la División de Asuntos Internos (DAI) de los Mossos d’Esquadra. Sólo entonces se comenzó a averiguar lo que había ocurrido realmente.

El juez Joaquín Aguirre descubrió entonces que la Unidad Adscrita le había ocultado las conversaciones telefónicas que acreditaban que el detenido Juan Miguel Bono era un miembro de la banda del narcotraficante Carbajo, el «amigo» de Josep Lluís Trapero.

Un sargento de los Mossos, José Manuel N., explicó al juez que la Unidad Adscrita de Trapero «sabía desde el principio» que la recogida del alijo era un engaño: Bono había pagado a los dos traficantes 600.000 euros por la  droga, y éstos le engañaron entregándole 29 paquetes con yeso. Según el auto del juez Aguirre, el equipo de Trapero había ocultado estos hechos al juez, para proteger a la banda de Carbajo.

La División de Asuntos Internos también averiguó que un subinspector de los Mossos, que era el número 2 de la Comisaría de Vilanova i la Geltrú, cobraba 1.000 euros al mes de la banda de Carbajo a cambio de proporcionarles «informaciones confidenciales obtenidas de bases de datos policiales, dándoles cobertura con coches patrulla, asesorándoles en caso de posibles seguimientos» e incluso intercediendo para que un protegido del narcotraficante pudiera optar a una plaza de Mosso d’Esquadra.

En su auto de junio de 2011, el juez Aguirre enumera todas las irregularidades en las que incurrió el equipo de Trapero: «No se hizo ninguna investigación patrimonial de Bono para saber de dónde procedían los 600.000 euros que había entregado para comprar la droga. No se hizo ninguna averiguación seria para comprobar cómo iba a distribuir Bono la cocaína que había comprado (y que finalmente resultó ser yeso y azúcar)».

Siempre según el magistrado, la Unidad Adscrita que trabajaba bajo la supervisión directa de Trapero tampoco «averiguó los llamados teléfonos b que usan los narcotraficantes para sus conversaciones sobre temas de tráfico, sólo intervinieron a Bono los teléfonos empleados para uso corriente con su familia y amigos ajenos a sus negocios». Tampoco se realizó ninguna indagación sobre el entorno más próximo al detenido Juan Miguel Bono, algo que habría permitido constatar que era un miembro de la banda de Carbajo.

El propio magistrado había advertido en octubre de 2009 a la Unidad Adscrita que dejara de transcribirle conversaciones insustanciales procedentes de los pinchazos telefónicos y se centrara en los hechos delictivos que eran objeto de la investigación. No fue hasta meses después cuando Aguirre descubrió que el equipo de Trapero le había ocultado centenares de conversaciones grabadas.

Como ha informado OKDIARIO, un informe pericial reveló entonces que el narco Carbajo había intercambiado en menos de un año 224 llamadas telefónicas con Josep Lluís Trapero, quien entonces era el jefe de la División de Investigación Criminal de los Mossos. Su número 2, Antoni Salleras, había intercambiado con el narco otras 141 llamadas en el mismo período: desde el 19 de agosto de 2009 al 15 de julio de 2010.

El magistrado descubrió entonces que el narcotraficante Manuel Giménez Carbajo estaba en contacto diario y directo con los dos mandos de los Mossos encargados de investigarle: Josep Lluís Trapero y Antoni Salellas. Dos mandos policiales que llevaban meses engañando al juez y desviando la atención.

Seis mossos siguen imputados

Fue entonces cuando el propio juez Joaquín Aguirre encabezó una comisión, formada con agentes de la Policía Nacional, que registró la sede de los Mossos en Sabadell para requerir una copia digital de todas las llamadas y mensajes SMS que habían sido interceptadas a la banda de Carbajo.

El magistrado ha dirigido esta investigación judicial durante siete años contra viento y marea: su Juzgado ha sufrido dos inspecciones, que mantuvieron paralizada la instrucción durante dos años, y la Fiscalía ha pedido una y otra vez que se levante la imputación sobre el subinspector Antoni Salleras y otros cinco agentes de los Mossos. Hasta ahora, la Audiencia Provincial de Barcelona ha respaldado la actuación del juez Aguirre: los seis agentes de los Mossos continúan imputados en el caso Macedonia en estos momentos.

Como mayor de los Mossos d’Esquadra, Josep Lluís Trapero está imputado ahora ante la Audiencia Nacional, por un delito de sedición. Según sostienen la Fiscalía y la Guardia Civil, Trapero utilizó al cuerpo de la Policía autonómica catalana para facilitar la celebración del referéndum ilegal de independencia del 1-O. Si finalmente es condenado por un delito de sedición, tendrá que afrontar una pena de entre 10 y 15 años de cárcel.