El Tribunal Supremo permite a Trump reanudar los despidos masivos de los funcionarios públicos

El Tribunal Supremo ha levantado la suspensión del plan del presidente de Estados Unidos Donald Trump de reducir la plantilla federal de funcionarios públicos este martes 8 de julio de 2025. El Alto Tribunal permite a Trump los despidos masivos de funcionarios federales. La Corte Suprema ha dado la razón a Trump debido a que se ha basado en la legalidad de su decreto, que ampara estos despidos masivos para aligerar la administración pública de Estados Unidos.

La decisión supone una victoria para el presidente de Estados Unidos Donald Trump. El presidente de Estados Unidos ha presentado una serie de apelaciones de emergencia ante la Corte Suprema después de que jueces liberales de cortes inferiores hayan bloqueado sus decretos. Es la segunda vez que la Corte Suprema interviene de manera urgente para permitir que la administración Trump despida a un gran número de empleados federales. En abril, la corte autorizó a la administración a despedir a miles de empleados.

En febrero, Trump emitió uno destinado a reducir de forma drástica la plantilla del gobierno «eliminando el despilfarro, la sobreoferta y la insularidad». El decreto instó a los directores de agencias a colaborar con el Departamento de Eficiencia Gubernamental (DOGE, por sus siglas en inglés) en las decisiones de contratación y a desarrollar planes de despido. En mayo, un juez federal de San Francisco impidió su entrada en vigor.

La orden levanta una orden judicial emitida el 22 de mayo por la juez federal Susan Illston, de San Francisco (California). La juez fue nombrada por el ex presidente demócrata Bill Clinton. Illston suspendió de forma indefinida los esfuerzos para realizar inspecciones de fondos federales (RIF) en más de una docena de departamentos y agencias federales. Illston determinó que la orden ejecutiva de Trump era ilegal y requería la autorización del Congreso.

El procurador general John Sauer argumentó ante la Corte Suprema que «se está impidiendo a las agencias (y se ha impedido desde que el tribunal de distrito emitió su orden de restricción temporal hace un mes) tomar las medidas necesarias para que el gobierno federal y sus trabajadores sean más eficientes». 

La Corte Suprema ha declarado que se había basado en la legalidad de la propia orden ejecutiva de Trump y no se pronunció sobre si los planes de reorganización infringían la ley. «Es probable que el Gobierno tenga éxito en su argumento de que la orden ejecutiva y el Memorándum son legales», declaró el tribunal. Esta decisión es per curiam. Es decir, es una opinión judicial emitida en nombre del tribunal en su conjunto, en lugar de atribuirse a un juez específico. Estas decisiones suelen ser unánimes. Se emiten cuando el tribunal desea presentar un frente unificado.