Lenin Moreno ya aplicó el estado de excepción a las cárceles de Ecuador en mayo
Lenín Moreno, presidente de Ecuador, ha decretado el estado de excepción en todo el país por las manifestaciones y protestas por el alza del combustible, así como por las nuevas medidas económicas del Ejecutivo. Sin embargo, se trata de la segunda vez que Moreno lo decreta en sólo un año porque, sin ir más lejos, este mes de mayo lo impuso en todas las cárceles ecuatorianas. «Todos los centros de privación de libertad que integran el sistema de rehabilitación social a nivel nacional tendrán el estado de excepción», decía entonces el comunicado del Gobierno de Moreno.
«Las circunstancias que sustentaron la declaración de grave conmoción interna aún persisten y requieren de intervención emergente a fin de precautelar los derechos de las personas privadas de libertad como grupo de atención prioritaria», decía el Decreto Ejecutivo 823 en su primer artículo. Moreno, por aquel entonces, comenzó que la participación de los Cuerpos de Seguridad de Ecuador sería «complementaria a las acciones de la Policía Nacional» y se enfocará en el «control de armas» en el primer filtro de ingreso en las prisiones de todo el país ecuatoriano.
La Policía seguirá, decía el comunicado del Gobierno, con el «control interno y perimetral de los centros de privación de libertad». El mandatario suspendió también «el ejercicio del derecho a la inviolabilidad de correspondencia y a la libertad de asociación y reunión, de la población penitenciaria de todos los centros de privación de libertad, sin exclusión alguna en razón a su tipología, observándose los principios de proporcionalidad, necesidad e idoneidad y el estricto apego al respeto de las demás garantías constitucionales».
Esta medida incluía, no sólo a las misivas, cartas y comunicados que ingresen a los centros penitenciario, sino también a «cualquier comunicado, video o similares desde el interior de los centros de rehabilitación social por parte de las personas privadas de libertad en su entorno extremo».
Se ha tomado esta determinación después de que tuvieran lugar varios crímenes en las cárceles. Incluso, decía el decreto, se limitarán la conformación de «aglomeraciones y de espacios de reunión durante las 24 horas del día» en los exteriores de las prisiones. Se exceptuaban, eso sí, las «actividades de rehabilitación social que formen parte del Plan de Vida» de los reos.
“Hemos sugerido que el estado de excepción se extienda todavía un tiempo más para atender la emergencia penitenciaria. En el Ecuador, hoy tenemos una de las bases de encarcelamiento más relevantes de la región y un sistema que tiene ya el 40 % de hacinamiento”, señalaba el Gobierno.
De todos modos, el estado de excepción no consiguió frenar la ola de violencia en el interior de las cárceles, ya que en este periodo se produjeron los crímenes más atroces en estos centros. De los 19 internos que han sido asesinados durante el 2019 dentro de las cárceles de Ecuador, 14 han muerto en Guayaquil. En total, en los 60 días del estado de excepción se han producido 14 de crímenes en las cárceles, 12 en Guayaquil (Penitenciaría y la Regional), 2 en la de Latacunga.
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