Estados Unidos sanciona al «dictador» Maduro por la ruptura del orden constitucional en Venezuela

Estados Unidos ha decidido este lunes aplicar sanciones jurídicas y financieras al tiránico presidente de Venezuela, Nicolás Maduro, por la «ruptura del orden constitucional» que representa la Asamblea Constituyente, y tras afirmar que esa votación confirma que «es un dictador».

«Las elecciones ilegítimas del domingo confirman que Maduro es un dictador que ignora la voluntad del pueblo venezolano», ha dicho el secretario del Tesoro, Steven T. Mnuchin, al anunciar que todos los activos del mandatario sujetos a la jurisdicción de Estados Unidos están congelados.

«Cualquiera que participe en esta ilegítima Asamblea Nacional Constituyente podría estar expuesto a futuras sanciones estadounidenses por socavar procesos e instituciones democráticas en Venezuela», advirtió Mnuchin en un comunicado. Con estas sanciones, Estados Unidos busca expresar su oposición al «régimen de Maduro», apuntó.

Nuevas medidas tras la sanción a 13 funcionarios

El gobierno de Donald Trump ha optado por tomar medidas contra Maduro, en el poder desde 2013, un día después de la elección de los miembros de la Asamblea Constituyente, una reforma de la Constitución con la que pretende perpetuarse en el poder y en la que la oposición venezolana no participó por considerarla «fraudulenta».

Según Estados Unidos, ese órgano «aspira ilegítimamente a usurpar el papel constitucional» del Congreso elegido en diciembre de 2015 y dominado por la oposición, así como a «reescribir la Constitución e imponer un régimen autoritario» al pueblo venezolano.

Estados Unidos es el principal comprador de crudo venezolano, con importaciones de 800.000 barriles diarios sobre una producción de 1,9 millones. Muchos expertos consideran probable que la primera potencia del mundo trate de limitar este consumo como medida de presión.

La semana pasada, el gobierno de Trump sancionó a 13 funcionarios y militares cercanos a Maduro, entre ellos a Tibisay Lucena, presidenta del poder electoral, acusados de quebrar la democracia, violar derechos humanos o por corrupción.

Esas sanciones son las terceras anunciadas contra funcionarios o ex funcionarios venezolanos, después de las emitidas en febrero y mayo.