Christine Lagarde, a juicio en Francia por el ‘caso Tapie’

La jefa del Fondo Monetario Internacional (FMI) hizo saber de inmediato que apelaría una decisión que le resultaba «difícilmente comprensible», después de que la fiscalía pidiera este año su sobreseimiento.

El Consejo de Administración de la institución multilateral de 188 Estados miembros emitió, por su lado, un comunicado en el que ratificó su confianza en la capacidad de Lagarde «para asumir eficazmente sus funciones», aun en situación de enjuiciada.

Lagarde había sido acusada en 2013 por negligencia en el caso Tapie, quien acusaba al banco semipúblico Crédit Lyonnais de haber subestimado el valor de la marca de ropa y equipamientos deportivos Adidas cuando el empresario se desprendió de ella en 1993.

El caso fue zanjado en 2008 por una comisión arbitral, que dio satisfacción a Tapie y ordenó pagarle una compensación de casi 404 millones de euros, 45 millones de ellos correspondientes a resarcimientos por daños morales.

La justicia anuló la sentencia arbitral a principios de 2015, al sospechar que hubo fraude, y el 3 de diciembre, el tribunal de apelaciones de París condenó a Tapie a reembolsar la totalidad de los 404 millones de euros. La elección de no acudir a la justicia ordinaria y recurrir al arbitraje para resolver un caso que implicaba dinero público suscitó muchas críticas en 2008.

Lagarde aseguró este jueves en un comunicado que «en este caso siempre actuó en interés del Estado y respetando la ley» y consideró «que no se le puede imputar ningún cargo». La directora gerente del FMI también recordó que la fiscalía había pedido el sobreseimiento del caso en septiembre, un año después de su imputación.

El Tribunal de Justicia de la República, única instancia habilitada para juzgar los delitos cometidos por miembros de un gobierno en funciones, decidió sin embargo procesar a Lagarde por negligencia en la gestión del arbitraje del caso Tapie.

El delito de negligencia en la gestión de fondos públicos puede ser castigado con un año de cárcel y una multa de 15.000 euros. Los jueces de instrucción imputaron a Bernard Tapie y otros cinco protagonistas del caso por fraude en banda organizada.

La justicia intenta determinar si el arbitraje fue producto de un «simulacro» organizado con el aval del gobierno del ex presidente conservador Nicolas Sarkozy (2007-2012), para retribuir el apoyo del empresario.