Zelenski abre el Parlamento bajo las bombas rusas y retrata a Sánchez por su cierre ilegal del Congreso

En pleno recrudecimiento de la ofensiva rusa, el Parlamento de Ucrania -la Rada Suprema- mantiene su actividad. En los últimos días, la Cámara ucraniana ha tenido que tomar decisiones de gran calado, en respuesta al ataque de Rusia, como ocurrió en la sesión celebrada este jueves, en la que se avaló eximir de responsabilidad judicial a todos los civiles que hagan uso de armas de fuego. Una situación que contrasta con la que se vivió en España en los meses más duros de la pandemia, cuando PSOE y Podemos decretaron el cierre del Congreso de los Diputados vulnerando así los derechos de los parlamentarios a ejercer su función legislativa y de control al Gobierno.

En el momento más grave para el país, el Parlamento de Ucrania sigue abierto y adoptando varias decisiones históricas, como la confiscación de activos y propiedades de Rusia y de nacionales rusos en el país o -el lunes- la solicitud al Consejo de Seguridad de la ONU del despliegue de una misión de mantenimiento de la paz en el país en respuesta a la invasión rusa. El partido del presidente ucraniano Volodimir Zelenski cuenta con mayoría absoluta en la Rada Suprema.

Inconstitucional

Este hecho deja en evidencia lo ocurrido en España durante los primeros meses de la pandemia, cuando la mayoría que conforman PSOE y Podemos en la Mesa del Congreso se aprovecharon del estado de alarma para impedir la labor legislativa y el control al Gobierno.

Meses después -y tras un recurso de Vox- el Tribunal Constitucional declaró ilegal ese cerrojazo, que supuso la paralización de las iniciativas parlamentarias y cercenó la labor de la oposición, al bloquear, por ejemplo, las preguntas escritas y la solicitud de informes al Gobierno.

Según el Constitucional, Sánchez se valió de la situación de pandemia para interrumpir el funcionamiento del Poder legislativo, lo que provocó una lesión al derecho de participación política de los diputados, impidiéndoles fiscalizar la acción del Gobierno durante el estado de alarma que, por cierto, también fue declarado inconstitucional.

En su sentencia, los magistrados esgrimieron que «la declaración del estado de alarma, como la de cualquiera de los otros dos estados -excepción y sitio-, no puede en ningún caso interrumpir el funcionamiento de ninguno de los poderes constitucionales del Estado y, de modo particular, el Congreso de los Diputados».

«En consecuencia, la decisión de la Mesa hizo cesar temporalmente la tramitación de iniciativas parlamentarias de los recurrentes, lesionando su derecho de participación política», añadían en advertencia al Gobierno.

PSOE y Podemos censuraron la labor parlamentaria en dos acuerdos de la Mesa del Congreso, incumpliendo así el artículo 23 de la Constitución que establece que «los ciudadanos tienen el derecho a participar en los asuntos públicos, directamente o por medio de representantes, libremente elegidos en elecciones periódicas por sufragio universal».

Una vez abierto el Congreso, la presidenta de la Cámara, la socialista Meritxell Batet, también impidió que los diputados acudiesen con normalidad al Parlamento para participar en las sesiones parlamentarias. Durante meses, Batet mantuvo una restricción de aforo – al contrario de lo que ocurría en el Senado- lo que impedía a los grupos contar con todos sus diputados en los plenos.

Ello, pese a que el propio reglamento del Congreso consagra el derecho de los diputados a participar en las sesiones y que los propios letrados de la Cámara, en un informe, aceptaron «la presencialidad de los 350 diputados durante las votaciones». En ese informe se considera que los parlamentarios podrán acudir al Parlamento al menos a votar, siempre con la correspondiente mascarilla.