Zapatero dirá que las joyas se las regalaron mandatarios de Marruecos, Arabia Saudí y Emiratos

José Luis Rodríguez Zapatero defenderá que las joyas valoradas en 1,3 millones de euros fueron obsequios que le entregaron mandatarios de Marruecos, Arabia Saudí y Emiratos Árabes Unidos, una parte en visitas de Estado a España durante su etapa como presidente y el resto ya fuera del cargo. La explicación, sin embargo, obliga a mirar al contexto legal del periodo en que el ex presidente ocupó Moncloa, porque fue justamente entonces cuando España reguló por primera vez de forma expresa qué podían y qué no podían aceptar los miembros del Gobierno.

Hasta 2005, la única barrera frente a los regalos a altos cargos era penal: el delito de cohecho. El Código Penal castiga a la autoridad o funcionario que admite una dádiva o regalo ofrecido en consideración a su cargo o función, con penas de prisión y de suspensión de empleo y cargo público. Era, hasta ese momento, el único límite legal sobre la mesa.

Ese vacío de regulación administrativa lo cerró el primer Ejecutivo de Zapatero. El 18 de febrero de 2005, el Consejo de Ministros aprobó un «programa de actuaciones para el Buen Gobierno» presentado como una palanca de regeneración democrática. De ahí nació el Código de Buen Gobierno, una guía ética que apelaba a la «austeridad en el uso del poder» y que incorporaba, entre sus compromisos, una «prohibición de aceptar regalos» que hasta entonces no existía como tal.

Publicado en el BOE el 3 de marzo de 2005, el texto fijaba entre los principios de conducta exigibles a los miembros del Gobierno el rechazo de cualquier regalo, favor o servicio en condiciones ventajosas que fuera más allá de los usos habituales, sociales y de cortesía. La norma marcaba un listón claro: lo que excediera la mera cortesía protocolaria no debía aceptarse.

Un año después de aquel código, en 2006, el Gobierno completó el andamiaje con la ley de conflictos de intereses de los miembros del Ejecutivo y de los altos cargos. No mencionaba los regalos de forma expresa, pero introducía una obligación que ahora resulta especialmente relevante: declarar el patrimonio. La norma exigía a los altos cargos presentar una relación de sus bienes y derechos al tomar posesión y al cesar, además de aportar cada año copia del IRPF y del Impuesto sobre el Patrimonio.

Si las recibió siendo jefe del Ejecutivo, lo hizo bajo el paraguas de un código que su propio Consejo de Ministros había aprobado para vetar los regalos que rebasaran la cortesía, y mientras regía una ley que le obligaba a declarar año tras año su patrimonio. Unas piezas tasadas en 1,3 millones difícilmente caben en el concepto de obsequio protocolario, y su rastro debería figurar en aquellas declaraciones. El tramo que atribuye al periodo posterior a Moncloa queda fuera de ese código, pero no del deber de tributar por él como particular.