Vox recurre ante al Supremo el Reglamento de Extranjería: «Es un efecto llamada a la inmigración ilegal»
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Vox ha interpuesto ante el Tribunal Supremo, en nombre del sindicato Solidaridad promovido por la formación política, un recurso contra el Real Decreto 629/2022, que modificó la Ley de Extranjería al considerar que la norma «es un nuevo efecto llamada a la inmigración ilegal».
La vicesecretaria jurídica de Vox, Marta Castro, ha criticado que el Ejecutivo haya infringido «aspectos formales» al tratar de «colar a través de una modificación reglamentaria lo que debía ser tramitado parlamentariamente como una Ley Orgánica por la reserva de materia que tiene».
La falta de diligencia o ineptitud del Gobierno -el que más asesores cuenta en la historia de la democracia española- en desarrollar las iniciativas legislativas con una mínima técnica, ha sido puesta en evidencia en numerosas ocasiones por instituciones como el Consejo de Estado o el Consejo General del Poder Judicial en sucesivos informes emitidos por ellos.
La dirigente del partido liderado por Santiago Abascal se ha referido de esta forma al Real Decreto 629/2022 por el que se modificó el Reglamento de la Ley Orgánica 4/2000, sobre derechos y libertades de los extranjeros en España y su integración social.
Para Marta Castro, «la técnica legislativa no es la adecuada y sólo por esto ya debería ser aceptado nuestro recurso. Pero además supone en cuanto al fondo una modificación y flexibilización de medidas de trabajadores ilegales en España. La modificación de estas circunstancias de trabajo perjudica a los trabajadores que tras mucho esfuerzo han conseguido su permiso de residencia en España», ha señalado la vicesecretaria jurídica de Vox.
A su juicio, al acceder «de esta manera al mercado de trabajo se encuentran en condiciones de inferioridad porque tuvieron que encontrarse unos requisitos muchísimos más rígidos» que los planteados en la actualidad.
Regularización sopechosa
El secretario general de Solidaridad, Rodrigo Alonso, también se ha mostrado «enormemente» preocupado porque el Ejecutivo esté «regularizando por la puerta trasera a inmigrantes ilegales» que accedieron a España «asaltando» las fronteras.
«Es un golpe muy grave al mercado de trabajo y supone un agravio a los trabajadores que legalmente entraron a nuestro país y que se encuentran plenamente integrados. Las mafias probablemente estén frotándose las manos, porque con esto tienen herramientas para ese trafico de seres humanos que es a lo que se dedican algunas mafias y ONGs», ha lamentado el dirigente sindical de Vox.
Alonso ha criticado el «silencio cómplice de UGT y CCOO después de esta modificación» que, a su juicio, «pretende legalizar a los que entran ilegalmente». Para el dirigente de Solidaridad, «esto también afecta a nuestro mercado de trabajo, a todos estos que no encuentran un puesto aun siendo españoles y a aquellos que se intentan esforzar cada día.
Solidaridad sostiene que con ese cambio legislativo se permitirá que los migrantes que lleven más de dos años en situación irregular en España puedan conseguir permiso de residencia por 12 meses con la condición de realizar unos cursos formativos, quedando también reducidos los requisitos para las personas que están formándose en España con permiso de estudios.
El sindicato verde afirma que el Real Decreto «flexibiliza las figuras de arraigo, creando nuevas figuras de regularización, posibilitando la legalización de una migración a priori irregular con la contratación de origen, considerando vía de migración legal la contratación circular».
«La inmigración masiva y su posterior regularización provoca la sustitución de los trabajadores que no estén dispuestos a perder sus condiciones laborales por inmigrantes que ante una situación desesperada asuman cualquier trabajo como bueno. Esto destruirá la identidad y las conquistas sociales y laborales de Europa», según entiende el sindicato próximo a Vox.
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