España
Centro Nacional de Inteligencia

Vox propone que Iglesias sea investigado antes de entrar en la comisión del CNI

Vox ha registrado una proposición de ley en el Congreso de los Diputados que tiene como objetivo modificar la ley que regula el Centro Nacional de Inteligencia (CNI) para que los que formen parte de su comisión delegada, como el vicepresidente segundo del Gobierno, Pablo Iglesias, sean investigados y pasen «un examen de seguridad».

Así lo ha explicado la formación liderada por Santiago Abascal en un comunicado difundido en las redes sociales. «Vox registra una Proposición de Ley para modificar la ley reguladora del CNI y que aquellos que estén en el mismo pasen por un examen. ¿Objetivo? Cumplir con los requisitos de seguridad del Centro para acceder a información clasificada como confidencial», señala el perfil oficial de Vox en Twitter en un mensaje publicado este martes.

Vox aboga por modificar el articulo 6 de la ley de 2002 que regula el CNI con la premisa de que la Oficina Nacional de Seguridad realice una «investigación de seguridad previa» a aquellos que se vayan a incorporar a la Comisión Delegada del Gobierno para Asuntos de Inteligencia, como es el caso de Pablo Iglesias, vicepresidente segundo del Gobierno y líder de Podemos.

«En caso de que los candidatos no obtengan un informe favorable, que se haría de acuerdo a la Norma de la Autoridad Nacional para la Protección de la Información Clasificada, no podría formar parte de este órgano», destaca el comunicado de la formación de Abascal.

«Blindar» a Iglesias

El Gobierno de Pedro Sánchez aprovechó a mediados de marzo un real decreto aprobado para paliar las consecuencias económicas y sociales contra la pandemia del coronavirus para introducir una disposición final que garantizaba a Pablo Iglesias su presencia en la comisión que regula y supervisa los trabajos del CNI.

Vox tacha a esta maniobra como un «truco» para «blindar» al líder de Podemos en esta comisión. La formación conservadora también ha recurrido el real decreto aprobada por el Ejecutivo de Sánchez ante el Tribunal Constitucional, recurso que será examinado el próximo 6 de mayo en un pleno.