Vox pide pruebas de nivel de castellano en las comunidades para garantizar que toda España lo habla bien

El castellano es el idioma oficial de toda España y Vox quiere que todos los españoles sepan, por tanto, hablarlo correctamente. Es por esto que los de Abascal han pedido en el Congreso que se realicen pruebas de nivel que lo acrediten, «especialmente en los territorios que cuenten con otra lengua cooficial».

Vox ha llevado este debate al Pleno del Congreso con una proposición no de ley firmada por la secretaria general del grupo parlamentario, Macarena Olona, y el diputado por Alicante Eduardo Luis Ruiz.

Vox quiere conseguir el apoyo de la mayoría de la Cámara para garantizar la «obligación de todos los españoles» de conocer el castellano «mediante pruebas de nivel u otros métodos de enseñanza y de evaluación oficiales, especialmente en los territorios que cuenten con otra lengua cooficial».

También reclama al Gobierno que adopte las medidas necesarias para garantizar el derecho a «vivir plenamente y a estudiar exclusivamente en castellano en todo el territorio nacional», así como a relacionarse con todas las Administraciones en la lengua oficial del Estado.

Vox defiende que debe garantizarse que el castellano sea la lengua vehicular, de comunicación y de trabajo de todas las administraciones, sin perjuicio de que se complemente con la lengua cooficial en aquellos territorios que la tienen.

En cualquier caso, sostiene que «en ningún caso» se podrá obligar a un funcionario a conocer o utilizar una lengua distinta al castellano ni conocer la cooficial puede ser requisito para acceder a un empleo público.

De la misma forma, reclama que toda comunicación de las administraciones aparezca escrita en castellano con forma y tamaño que, cuando menos, sean iguales a las de la otra lengua cooficial. Y lo mismo exige para cualquier organización que reciba cualquier tipo de subvención o ayuda pública.

Para asegurar el cumplimiento de estos requisitos Vox quiere que el Gobierno incluya una relación de infracciones y sanciones que permitan al Estado sancionar el incumplimiento de la norma.