Uno de cada tres menas a los que se hacen pruebas de edad en el País Vasco tiene más de 18 años

La Diputación de Álava ha reconocido que sólo realiza las pruebas para comprobar si son mayores de edad al 11% de los menores extranjeros no acompañados (menas). Esta administración foral, gobernada por el PNV gracias al apoyo del PSOE como en el Gobierno del País Vasco, reconoce que su cribado reflejó que un tercio tenía más de 18 años.

La institución ha admitido estos datos a través de una solicitud de información del diputado foral de Vox,  Jonathan Romero, para su remisión por escrito.

Concretamente, el representante del partido de Santiago Abascal se interesó por conocer más detalles sobre las pruebas de determinación de edad realizadas a menores extranjeros no acompañados que estuvieron tutelados durante el 2025 en el programa Bideberria. Este es el plan que se encarga de la acogida de los menas en la provincia.

Este programa atendió en el último ejercicio a 215 extranjeros de menos de 18 años. De ellos, sólo se realizaron las pruebas de determinación de edad a 24 de ellos, es decir, apenas se comprueba la edad del 11% de los jóvenes que se encuentran protegidos por este sistema de ayuda al menor extranjero.

Por último, han reconocido que, tras las pruebas de edad, había 8 mayores de edad que estaban recibiendo el trato como menas. Esto es, que un tercio de las personas que se sometieron a esta prueba resultaron tener más de 18 años tras haber sido acogidas por el sistema alavés de atención, el programa Bideberria.

Información sobre ayudas a los mayores

Como consecuencia de ello, se les entregó el «decreto de mayoría de edad» y se les informó de que debían «abandonar el recurso de protección de manera inmediata». A la vez, se le ofreció «orientación en este proceso». La Diputación Alavesa reconoce que les entregó «información sobre los recursos comunitarios a los que podrían acceder como personas mayores de edad, ya que no pueden continuar en el sistema de protección».

«En ningún caso el contar con Decreto de mayoría de edad ha sido motivo de solicitud de incoación de procedimiento de repatriación, por no estar así contemplado en la legislación vigente», aseguran desde la Diputación Foral de Álava.

Además, la Diputación de Álava ha admitido que 43 menores han cumplido 18 años a lo largo del año 2025. De ellos, sólo 25 han accedido a un contrato. Es decir, un 42% no logró trabajo y, los que lo hicieron, sólo pudieron acceder a «empleos temporales y precarios», según lamentan desde Vox: «Lejos de una verdadera integración».

Vox denuncia «situaciones de fraude»

Desde Vox argumentaban la necesidad de conocer estos datos en que es clave para «garantizar la adecuada asignación de recursos públicos y el correcto funcionamiento de los servicios sociales». Y sostienen que es útil para «evitar posibles situaciones de fraude o uso indebido del sistema de protección». Por último, subraya que es «de interés» conocer «las consecuencias administrativas derivadas de dichas pruebas, especialmente en aquellos casos en los que se determina la mayoría de edad».

Vox asegura que la información que la Diputación de Álava le ha trasladado que «confirma que existe un evidente coladero en el sistema y un uso fraudulento de los recursos públicos».

Además, denuncian una «saturación del sistema» debido a los «picos de hasta 108 menores» cuando la capacidad es de solamente «80 plazas». «Especialmente entre agosto y diciembre, lo que demuestra un efecto llamada constante», lamentan.

Según Vox, cada menor supone «un coste superior a los 5.600 euros mensuales para las arcas públicas». Y critica que no existan «garantías reales de integración ni control efectivo sobre quién accede al sistema».