Una gestora se hará cargo del PP de Valencia

El Partido Popular de la Comunidad Valenciana (PPCV) ha decidido crear una gestora para que dirija al PP capitalino, después de que este martes fuera detenida Mari Carmen García Fuster, responsable de las cuentas del grupo municipal popular y persona de confianza de Rita Barberá, y de que posteriormente fueran imputados por el posible blanqueo de capitales concejales, asesores y trabajadores del equipo de la ex alcaldesa.

Aunque la decisión de crear la gestora cuenta con el respaldo de Génova 13, la competencia corresponde al partido regional. Y según el PPCV en los próximos días se decidirá quién dirigirá la misma.

Este viernes, una veintena de ediles y ex ediles ‘populares’ de Valencia, así como asesores y ex asesores del grupo municipal, han acudido a declarar como investigados (antes imputados).

Entre ellos, estaban los concejales María Ángeles Ramón-Llin, Félix Crespo, Alberto Mendoza, Cristóbal Grau, Vicente Igual y Lourdes Bernal, así como el ex concejal Silvestre Senent.

El miércoles también declaró en el marco de esta operación anticorrupción el presidente del PP de la ciudad de Valencia y portavoz municipal, Alfonso Novo, quien ha sido suspendido cautelarmente de militancia del PP hasta que preste declaración judicial.

Los investigados del equipo de Rita Barberá apoyaron la campaña de las elecciones municipales de mayo con 1.000 euros propios cada uno. Ahora, según fuentes cercanas a la investigación, la Guardia Civil investiga si ese dinero se utilizó para blanquear el obtenido de comisiones ilegales que financiaron actos de campaña.

Los agentes sospechan que el PP municipal pudiera haber devuelto a esos contribuyentes el dinero en negro en sobres estableciendo así una vía de blanqueo de capitales procedentes de comisiones obtenidas ilegalmente de adjudicaciones para financiar parte de la campaña del partido.

Esta investigación se da en el marco de la macrooperación dirigida este martes por el Juzgado de Instrucción número 18 de Valencia, que instruye el ‘caso Imelsa’, causa que ha abierto por prevaricación administrativa, malversación de caudales públicos, tráfico de influencias, cohecho y blanqueo de capitales y que afecta a varias administraciones públicas de la Comunidad Valenciana.