El último simulacro de vertido marítimo da la razón a la Xunta: Óscar Puente debió alertar de los pellets

El 14 y 15 de junio de 2022, el Gobierno de Pedro Sánchez llevó a cabo el último gran simulacro de contaminación marina en Galicia. En el ejercicio, según figura en el documento de conclusiones que elaboró el Ejecutivo, el Servicio de Salvamento Marítimo (Sasemar) detectó un riesgo en el mar y activó el protocolo, comunicándolo a numerosos organismos y agencias dependientes del Gobierno y del Ministerio de Transportes de Óscar Puente. Y estos, a su vez, lo pusieron en conocimiento de la Xunta. Lo contrario de lo que ha ocurrido en la actual crisis de los pellets, las bolas de plástico que inundan la costa de Galicia: pese a conocer la alerta desde el día 8 de diciembre por un aviso de Portugal, Puente no la comunicó a la Xunta hasta este 3 de enero. Casi un mes más tarde.

El Ejecutivo de Sánchez, enfrascado ya en su batalla electoral por Galicia en la que las encuestas relegan de nuevo al PSOE a tercera fuerza política, culpabiliza a la Xunta de Galicia por la llegada de toneladas de pellets de plástico procedentes de un vertido accidental a las costas de Pontevedra, La Coruña, Lugo y el occidente de Asturias. De momento. Toda su acusación se basa en un documento filtrado por el ministro Óscar Puente, en el que queda constancia de una llamada del 112 gallego a un ayuntamiento informando de que, según una denuncia ciudadana, había unas diminutas bolas de plástico en la cabeza de la playa de Espiñeirido (La Coruña).

«Es decir, entre el día 13 de diciembre de 2023, fecha del primer avistamiento de pellets del que se tiene constancia, y el 5 de enero de 2024, la Xunta de Galicia no hace nada», asegura Puente en su denuncia a través de las redes.

El protocolo señala a Puente

Es decir, una agencia del Gobierno central tuvo conocimiento de un incidente con seis contenedores a la deriva y rumbo a la Galicia, pero no dio la voz de alarma. Algo que debería haber hecho, si se revisa la ejecución de protocolos de emergencia que rigió en el Ejercicio de lucha contra la contaminación marina Isla de Sálvora, que el Gobierno realizó en La Coruña el 14 y 15 de junio de 2022. El último gran ejercicio de este tipo que se ha realizado en la cornisa Atlántica.

«Día 1, 10:00 horas. Comienza el Ejercicio. Un avión de Salvamento Marítimo que se encuentra realizando labores de reconocimiento localiza una mancha oleaginosa en la entrada de la ría de Arousa, concretamente entre la costa del municipio de Ribeira (A Coruña) y la isla de Rúa», recoge el documento oficial de la Secretaría de Estado de Medio Ambiente (también involucrada en estas tareas) en el que se relata, en sesenta páginas, el desarrollo del simulacro.

La clave está a continuación: «Día 1 (10:02 h) Salvamento Marítimo (CCS-LCC Finisterre) activa un procedimiento de respuesta. El CCS-LCC Finisterre activa un procedimiento de respuesta inmediata: se realiza una primera evaluación de la situación, se pone en conocimiento de la Capitanía de Vilagarcia a través del número de teléfono de guardia (emergencias), a Capitanía Marítima y al Centro Nacional de Coordinación de Salvamento (…) En una segunda fase, el CNCS remitirá la información sin demora a la DGMM (Dirección General de la Marina Mercante, dependiente de Transportes) y a la Dirección de Operaciones Sasemar  (Dependiente de Transportes)».

A partir de ahí, se desarrolla un segundo, tercer y cuarto escalón de comunicaciones del suceso entre organismos dependientes del Gobierno central, como la Delegación del Gobierno y a la Demarcación de Costas. No es hasta el cuarto escalón cuando se notifica directamente a la Xunta: «CCS-LCC Finisterre informa de lo sucedido a la Subdirección Xeral de Gardacostas de Galicia y al Centro de Atención de Emergencias 112 Galicia».

No se avisó a la Xunta de Galicia

En síntesis, el ejercicio desarrollado en La Coruña en junio de 2022 viene a poner de manifiesto que, siendo Salvamento Marítimo quien recibió el aviso de Portugal, es este departamento ministerial quien debe iniciar una cadena de comunicaciones que llega hasta altas instancias del Ministerio que dirige Óscar Puente. Según las fuentes consultadas por OKDIARIO, eso mismo ocurrió el pasado 8 de diciembre. Pero, ni oficial ni extraoficialmente, el Gobierno no se puso en contacto con la Xunta hasta el pasado 3 de enero. Casi un mes más tarde.

Además, el Gobierno insiste en señalar que hasta que el incidente no alcanza el nivel 2 -decretado este mismo martes 9 de enero-, es la Xunta quien tiene toda la responsabilidad sobre los pellets. Pero en el desarrollo del Plan Estatal de Protección de la Ribera del Mar contra la Contaminación (Plan Ribera) se contempla que el Gobierno se puede involucrar en cualquiera de los niveles: «Se contempla la posibilidad de una situación que no llega a nivel 3 porque sólo hay una comunidad autónoma afectada. En este caso, la coordinación mar-costa se logra mediante un órgano creado con este fin y del que forman parte tres representantes autonómicos y tres representantes estatales (uno por el plan marítimo nacional, uno por el plan ribera, y uno por la Delegación del Gobierno)».

Portugal sí avisó

El Instituto Hidrográfico de Portugal lanzó el 8 de diciembre un aviso que remitió a Salvamento Marino (Sasemar), dependiente del Ministerio de Transportes dirigido por Óscar Puente, en el que alertaba de «desechos peligrosos» en las costas cercanas a Galicia, los pellets de plástico, y al que ha tenido acceso OKDIARIO. Además, la Dirección General de Recursos Naturales (DGRN) portugués envió ese mismo día un informe al Gobierno de España y a la EMSA, la encargada de la seguridad marítima en Europa, reportando lo sucedido.

El aviso de Instituto Hidrográfico portugués del 8 de diciembre alerta de «desechos peligrosos» contenidos en «seis contenedores a la deriva», es decir, los pellets de plástico que ahora están en territorio de la Xunta de Galicia. El texto informa de las coordenadas exactas del desastre. Este mensaje se remitió a España tal y como establece el Convenio Europeo de Cooperación Transfonteriza.

Por su lado, el informe de la DGRN del 8 de diciembre, en el que consta España como remitente, informa del estado de bandera de Toconao, el barco que perdió la carga, para que «se tomen acciones para paliar los efectos» del accidente, según las fuentes expertas consultadas por este medio.

Por su lado, el informe de la DGRN del 8 de diciembre, en el que consta España como remitente, informa del estado de bandera de Toconao, el barco que perdió la carga, para que «se tomen acciones para paliar los efectos» del accidente, según las fuentes expertas consultadas por este medio.