El TSJC citará a Puigdemont como imputado por tres delitos esta semana o la que viene

El Tribunal Superior de Justicia de Cataluña tiene decidido citar como imputado al presidente de la Generalitat, Carles Puigdemont, por los delitos de desobediencia, prevaricación y malversación de caudales públicos (este último acarrea penas de cárcel), después de la querella que la fiscalía presentó tras la firma del decreto de convocatoria del referéndum ilegal.

Pero es una duda ‘política’, no jurídica, la que asalta al TSJC: si la imputación de Puigdemont debe ser esta semana previa al 1-O o conviene retrasarla hasta después del domingo para no fomentar el victimismo de la Generalitat en vísperas del órdago del próximo domingo.

La querella que la fiscalía presentó por el decreto de convocatoria del 1-O está dirigida contra Carles Puigdemont, su vicepresidente, Oriol Junqueras, y contra los 12 consejeros del Gobierno catalán que firmaron el texto de forma colegiada. La querella se ampara en la decisión del Tribunal Constitucional de declarar nula la resolución del Parlamento catalán en 2015 de iniciar el proceso político hacia la creación de un Estado propio. Según el fiscal, la “manifiesta inconstitucionalidad” del decreto de convocatoria “no podía ser en absoluto desconocida por todos y cada uno de los miembros del Govern”.

Este lunes, el fiscal general del Estado, José Manuel Maza, ha reconocido que la detención de Puigdemont es una opción que está “abierta”, si bien ha añadido que “eso no quiere decir que se pida o no”.

De cuatro a ocho años de cárcel

El delito de malversación, del que no fue acusado el expresidente Artur Mas (que solo fue condenado por desobediencia y prevaricación a dos años de inhabilitación), conlleva ingreso en prisión. Según el artículo 432 del Código Penal, la condena por malversación acarrea “de tres a seis años e inhabilitación absoluta por tiempo de seis a diez años”. Las condenas serán más graves atendiendo al valor de las cantidades sustraídas y al daño o entorpecimiento producido al servicio público. En este caso “se impondrá la pena de prisión de cuatro a ocho años y la de inhabilitación absoluta por tiempo de diez a veinte años”. En su querella, el fiscal explicó que la convocatoria del referéndum “no solo es ilegal, sino delictiva”.

La imputación de Carles Puigdemont y Oriol Junqueras implica el paso previo de la petición de suplicatorio al Parlamento catalán, dada su condición de aforados. Un Parlamento que está cerrado desde que aprobara las leyes del referéndum y la fundacional de la república catalana. Es decir, que por mucho que el TSJC decidiera su imputación esta semana, poco más se podría avanzar judicialmente contra los cabecillas políticos del golpe dado el aún no hay fecha para la nueva reunión de la Cámara parlamentaria a la que pertenecen como diputados.