El Tribunal de Cuentas reclama al Gobierno los contratos públicos con donantes del PSOE
El organismo lanza varias recomendaciones al Ejecutivo para controlar la financiación de los partidos
El Tribunal de Cuentas, en su último informe de fiscalización sobre la contabilidad de los partidos -publicado en 2024- lanza una serie de recomendaciones al Gobierno en relación a las donaciones a las formaciones políticas. Este sistema de financiación está ahora en el punto de mira tras la investigación de la Unidad Central Operativa (UCO) de la Guardia Civil que revela pagos en efectivo al ex ministro José Luis Ábalos y su ex asesor Koldo García.
El supremo órgano fiscalizador de las cuentas del Estado insta el Ejecutivo a establecer la «obligatoriedad legal» de que los donantes remitan al Tribunal de Cuentas una «declaración jurada de no ser parte de un contrato vigente con el sector público», en el caso de las donaciones superiores a 25.000 euros. A partir de este importe, las donaciones deben ser notificadas al Tribunal de Cuentas.
La ley de financiación de los partidos políticos determina, en efecto, que «todas las aportaciones que, de forma individual o acumulada, sean superiores a 25.000 euros y en todo caso, las de bienes inmuebles, deberán ser objeto de notificación al Tribunal de Cuentas por el partido político en el plazo de tres meses desde el cierre del ejercicio».
Asimismo, advierte que «los partidos políticos no podrán aceptar o recibir, directa o indirectamente, donaciones de personas físicas que, en ejercicio de una actividad económica o profesional, sean parte de un contrato vigente de los previstos en la legislación de contratos del sector público».
Lo que reclama el Tribunal de Cuentas, pues, es conocer por parte del donante en cuestión que no tiene contratos en vigencia con el Gobierno o alguna otra administración.
Identidad de los donantes
Esta sugerencia no ha sido tomada en consideración por parte del Ejecutivo. El organismo también pone el foco en los llamados «microcréditos» o crowdfunding, un sistema empleado por las formaciones políticas en los últimos años para lograr financiación por parte de sus simpatizantes, a través de campañas concretas, por ejemplo, para sufragar los gastos electorales.
Ha llamado la atención la intensa actividad que, en este sentido, promovía el ex gerente del PSOE, Mariano Moreno. El responsable de las finanzas del partido en la etapa de los pagos a Ábalos logró una recaudación récord a través de estas campañas. Por ejemplo, con el plan Luz Verde para la «transformación ecológica y digital» del PSOE, que fue lanzado en plena pandemia y recaudó tres millones de euros, según comunicó el partido. El PSOE ofrecía un interés del 3% en los microcréditos.
Además de la mencionada, Mariano Moreno lideró otras campañas, como la recaudación de más de 405.200 euros en donativos para «proyectos de investigación» sobre el Covid, o de 4,7 millones en microcréditos para las elecciones de 2019, prometiendo a los militantes un interés del 2,5%.
«Una máquina de recaudar»
Las campañas de este tipo lideradas por Moreno durante su etapa como gerente del PSOE están ahora en el punto de mira del Partido Popular. El partido de Alberto Núñez Feijóo sospecha del origen y destino del dinero obtenido por esta vía.
La portavoz del PP en el Congreso, Ester Muñoz, recordó este martes que Moreno «en 2019 y 2020, en cuestión de semanas, de meses, recaudaba miles de euros a través de microcréditos». «Era una máquina de recaudar, no sé si va a poder aclarar el origen de ese dinero, si va a poder explicar cómo se hacían esos pagos, y si el origen de ese dinero era legal», aseveró la dirigente popular. En Génova ponen el foco en la posible existencia de la financiación ilegal del PSOE.
El Tribunal de Cuentas, en su informe, considera «conveniente» que se regulen «los mecanismos a través de los cuáles deben identificarse quienes realicen donaciones y microcréditos online a los partidos políticos, estableciendo exigencias que permitan llevar a cabo una verificación clara y segura de la identidad, utilizando fórmulas tales como el certificado electrónico, así como, en su caso, también la obligatoriedad de que los aportantes declaren que no se hallen inmersos en las prohibiciones para poder realizar donaciones a los partidos políticos».
Ingresos en efectivo
También pone el foco el órgano fiscalizador en los ingresos en efectivo. Así, señala: «Con el fin de mejorar la trazabilidad del origen y destino de la financiación privada, así como el cumplimiento de los requisitos legalmente establecidos, se considera conveniente limitar lo más posible en la ley los supuestos en los que puedan realizarse ingresos en efectivo, debiendo en todo caso justificarse documentalmente el origen de los fondos ingresados».
Los pagos a José Luis Ábalos, su ex asesor Koldo García e incluso al presidente del Gobierno, como él mismo ha reconocido, ha aflorado la cantidad de dinero en metálico que se manejaba en la sede socialista de Ferraz.
El informe de la UCO señala que en algunos supuestos «no se ha podido confirmar la correspondencia» entre los mensajes intercambiados por los protagonistas sobre esos pagos y las liquidaciones de gasto registradas por el PSOE, lo que ha levantado las sospechas sobre la financiación del partido.
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