Hasta al Tribunal de Cuentas le mosquean las donaciones al PSOE

Cómo será la cosa que hasta el mismísimo Tribunal de Cuentas, que no puede decirse que sea un prodigio de autonomía e independencia, lanza en su último informe de fiscalización sobre la contabilidad de los partidos -publicado en 2024- una serie de recomendaciones al Gobierno en relación a las donaciones a las formaciones políticas. Y es que este sistema de financiación, ahora en el punto de mira tras la investigación de la Unidad Central Operativa (UCO) de la Guardia Civil que revela pagos en efectivo al ex ministro José Luis Ábalos y su ex asesor Koldo García, se presta a la sospecha. El órgano fiscalizador de las cuentas del Estado insta al Ejecutivo a establecer la «obligatoriedad legal» de que los donantes remitan al Tribunal de Cuentas una «declaración jurada de no ser parte de un contrato vigente con el sector público», en el caso de las donaciones superiores a 25.000 euros. A partir de este importe, las donaciones deben ser notificadas al Tribunal de Cuentas. Y advierte: «Los partidos políticos no podrán aceptar o recibir, directa o indirectamente, donaciones de personas físicas que, en ejercicio de una actividad económica o profesional, sean parte de un contrato vigente de los previstos en la legislación de contratos del sector público».

A partir de aquí, la pregunta es obvia: ¿Facilitará el PSOE su lista de donantes indicando si tienen o no contratos en vigor con el Gobierno o alguna otra administración? El Tribunal de Cuentas también pone el foco en los llamados «microcréditos» o crowdfunding, un sistema empleado por las formaciones políticas en los últimos años para lograr financiación por parte de sus simpatizantes, a través de campañas concretas, por ejemplo, para sufragar los gastos electorales. Es exactamente lo que hizo el PSOE con su plan Luz Verde, por el que recaudó de un plumazo tres millones de euros entre militantes y simpatizantes. ¿Los donantes tenían relación, además de con el PSOE, con la Administración pública a través de algún tipo de contrato? Porque la sospecha del Tribunal de Cuentas es que las donaciones al PSOE escondan contrapartidas por la adjudicación de contratos públicos. Ahí está la clave.