El Tribunal de Cuentas devolverá a ERC los 2,1 millones que afianzó como aval a los golpistas

El Tribunal de Cuentas (TCu) ha aceptado devolver a Esquerra Republicana de Catalunya (ERC), tras admitir los avales del Instituto Catalán de Finanzas (ICF), los 2,1 millones de euros que depositó como garantía de la presunta responsabilidad contable de ex altos cargos del Govern por el presunto desvió de fondos para la acción exterior durante el ‘procés’.

El  TCu ha estimado en un auto la petición del ex conseller catalán Raül Romeva después de que denegara una petición en el mismo sentido del partido independentista, por tener que partir  la petición de los propios encausados.

La decisión del órgano fiscalizador que llega después de que durante la vista oral celebrada el pasado 12 de julio la Fiscalía cambiara de criterio para apoyar la devolución del dinero a ERC.

El motivo de la vista fue que el ex conseller pidió que se devolvieran al partido independentista  los 2,1 millones que depositó por su presunta responsabilidad contable y las de las demás personas que responden solidariamente con él, otros 19 demandados. Hasta entonces, el Ministerio Fiscal se había mostrado en contra de la devolución.

En su auto, contra el que no cabe recurso, el TCu estima la solicitud de medidas cautelares de Romeva al considerar que con las garantías del ICF, dependiente de la Generalitat, sí se cumplen los requisitos legales y son suficientes si los encausados son luego condenados. Esos avales, según el TCu, tienen carácter solidario, una duración indefinida y son pagaderos a primer requerimiento.

Sobre el cumplimiento del requisito de la suficiencia de la medida cautelar sustitutoria, el órgano fiscalizador ha comprobado que la cantidad total reclamada al ex conseller por Sociedad Civil Catalana (SCC) en su demanda asciende a 939.797,80 euros, mientras que, en el escrito del Ministerio Fiscal, es de 1.390.452,08 euros.

El TCu precisa en el auto que la cantidad total máxima garantizada por la suma de los nueve avales del ICF otorgados a aquellos concretos demandados que han pedido expresamente la sustitución del depósito constituido por ERC por los avales públicos que les ha otorgado individualmente, asciende 1.400.766,13 euros.

Según aseguró el fiscal en la vista, «las cantidades reclamadas ya están aseguradas y no tiene ningún sentido mantener este dinero depositado por ERC», por lo que no se opuso a la sustitución que habían solicitado los miembros del partido independentista.

El fiscal ha esgrimido que los 2,1 millones depositados por ERC «aunque nos hayamos acostumbrado a minimizar su importe, este es demasiado importante para no hacer fácil la actividad patrimonial de quién lo ha aportado».

El abogado de Romeva y Junqueras, consideró «absolutamente razonable y acertada» esa nueva postura de la Fiscalía y explicó que ERC aportó esos 2,1 millones para impedir que se embargaran bienes a sus miembros», señalando que el aval es mejor garantía porque es «indefinido».

A esta posición se ha sumado Carles Puigdemont, para «evitar duplicidades» en el procedimiento que se sigue contra 35 personas, en su mayoría ex cargos del Govern, por el presunto desvío de fondos públicos para sufragar el referéndum del 1 de octubre de 2017 y las denominadas ‘embajadas catalanas’.

La Fiscalía reclama a los ex responsables de la Generalitat, de forma conjunta y solidaria, 3,4 millones de euros en concepto de responsabilidad contable por los fondos presuntamente desviados para el ‘procés’, rebajando así  casi en dos tercios la cifra estimada por  el TCu, que la fijó en 9,5 millones de euros.

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