El Constitucional tumbará el intento de Junqueras y Romeva de entrometerse para salvar la amnistía

El Tribunal Constitucional tumbará el intento del ex vicepresidente de Cataluña Oriol Junqueras y de los independentistas Raül Romeva y Dolors Bassa de entrometerse en la cuestión de inconstitucionalidad que planteó la Sala de lo Penal del Tribunal Supremo sobre la Ley de Amnistía. Fuentes jurídicas aseguran que no se les permitirá personarse en la cuestión de inconstitucionalidad como solicitaron. «Se propondrá decir que no tiene cabida porque no eran parte en el procedimiento que dio lugar al planteamiento de la cuestión», señalan las mencionadas voces. El ponente de esta cuestión es el magistrado Ricardo Enríquez Sancho.

Las impugnaciones a la Ley de Amnistía empiezan a andar en el Tribunal Constitucional. La Corte de Garantías no prevé pronunciarse hasta el próximo año 2025 sobre todas las cuestiones planteadas, como por ejemplo, la del Partido Popular. El pronunciamiento que marcará el camino será el perdón al procés sobre el delito de desórdenes públicos a raíz de que el alto tribunal llevara el asunto al Tribunal Constitucional. Los jueces de la Sala Segunda consideraban que el artículo 1 de la Ley de Amnistía vulneraba los principios de seguridad jurídica, proscripción de la arbitrariedad y exclusividad jurisdiccional.

El Tribunal Constitucional admitirá a trámite este caso que estudia la condena por desórdenes públicos de Oriol Junqueras y los cabecillas del proceso secesionista de Esquerra Repúblicana de Cataluña (ERC). El primer paso será que no se les permitirá que se personen en el procedimiento. Los tres independentistas recurrieron al tribunal que preside Cándido Conde-Pumpido para que se les aplicase la amnistía que Pedro Sánchez pactó con sus socios para lograr su investidura. Sus defensas recurrieron en amparo tras la decisión del Supremo de no aplicarles el perdón. «Nunca una interpretación de la ley puede llevar a su derogación», esgrimieron sus letrados. 

Además, también solicitaban que se les levantara la medida cautelar que les inhabilitaba para ejercer un cargo público. No obstante, en el caso de Raül Romeva esta inhabilitación no se está cumpliendo, ya que preside de la Fundación ERC con el beneplácito del Govern. Por su parte, Oriol Junqueras solicitó el indulto tras el portazo del Tribunal Supremo a aplicarle la amnistía y cuenta con el respaldo de la Fiscalía. La teniente fiscal del alto tribunal se mostró a favor de aplicar la medida de gracia también en el caso de Dolors Bassa, al considerar que es «excesivo» que sigan cumpliendo con la inhabilitación. 

Recusaciones

Al margen de la negativa a que se personen, lo que ya ha empezado en el Tribunal Constitucional es el baile de las recusaciones de magistrados. Los primeros en pedir que se apartasen a determinados miembros del Tribunal Constitucional fueron los diputados del Partido Popular. En concreto, el PP pidió apartar de la deliberación de la amnistía al presidente Cándido Conde-Pumpido, a la ex directora general de Moncloa, Laura Díez y al ex ministro de Justicia socialista Juan Carlos Campo.

Campo ya presentó su abstención el año pasado para un recurso de amparo sobre la amnistía presentado por parte de la Mesa del Congreso. El ex ministro alegó entonces que se apartaba para salvaguardar la «imparcialidad» del Tribunal Constitucional, ya que a la hora de firmar los indultos a los independentistas rechazó la amnistía. El pleno ha aceptado su abstención, de modo que las exigencias de apartarle de la deliberación han quedado sin objeto.  

Tras la petición del PP llegaron una cascada de decenas de recusaciones hasta llegar hasta 54 peticiones, un récord inédito en el Constitucional. Todas las partes han presentado recursos contra varios magistrados que ya han empezado a resolverse. El que más recusaciones ha recibido es el último magistrado en ser nombrado: José María Macías. En total, se han recibido 27 peticiones para que no delibere sobre la amnistía en el seno de la Corte de Garantías. Argumentan, entre otros aspectos, que firmó los informes del Consejo General del Poder Judicial (CGPJ) contra la Ley de Amnistía mientras era vocal del órgano. 

Los incidentes de recusación paralizan los procedimientos, lo que provoca que la tramitación procesal de los recursos contra la Ley de Amnistía vaya más lenta hasta que se resuelvan todas las peticiones contra los magistrados. De este modo, la amnistía tardará al menos un año en resolverse completamente, según las fuentes consultadas.