La trama del PSOE asturiano recibió coches y viajes al Caribe por engordar facturas de 87 colegios

La Audiencia Provincial de Asturias ha condenado a más de 15 años de cárcel al exconsejero de Educación y a su ‘número 2’ en el gobierno del expresidente y actual senador por el PSOE Vicente Alvarez Areces por corrupción.

La sentencia establece que los dos altos cargos del PSOE en el principado amañaron con empresarios afines contratos por valor de más de 6 millones de euros en 87 colegios a cambio de comisiones.

La trama engordaba facturas por compras de material escolar y de oficina que en muchos casos ni siquiera se recepcionaban en los centros. Ello no impedía que la Consejería de Educación aprobara las facturas y abonara su importe a las empresas que formaban parte de la trama. Los responsables de Educación recibían a cambio coches, cheques, y viajes al Caribe de empresarios de la órbita del PSOE.

A la cabeza, el exconsejero José Luis Iglesias Riopedre, condenado a seis años de cárcel,  y su número 2, la Directora de Centros, María Jesús Otero, que ha sido condenada a nueve años y medio. Otra alta funcionaria del ejecutivo del PSOE en esos años en Asturias,  Marta Renedo, ha sido condenada a cinco años de prisión. Junto a los tres políticos, han sido condenados cuatro empresarios.

Dos altos cargos cercanos al socialista Areces

Riopedre, a quien le une una amistad de décadas con el que fuera presidente de Asturias durante 12 años, Vicente Alvarez Areces , estuvo al frente de la Consejería de Educación desde 2003 a 2010. Desde allí  y con Otero como mano ejecutora, promovió reformas y compras de material en 200 centros educativos. La justicia ha documentado irregularidades en al menos 87 de ellos.

La Audiencia Provincial considera al exconsejero del PSOE autor de un delito continuado de prevaricación, otro de falsedad documental mercantil y uno más continuado de fraude y cohecho a la Administración pública. Y a la antigua directora general de Centros e Infraestructuras y jefa de compras culpable de los mismos delitos que su exjefe.

Facturas de 200.000 euros para ‘centros fantasma’

Entre las denuncias de las que se hace eco la sentencia en sus 90 tomos de instrucción hay algunas llamativas: facturas falsas por valor de 198.000 euros para la instalación de 220 papeleras en un supuesto centro cultural en el municipio de Valdés  y…que nunca existió. El de 12 ‘pupitres-consola’ por valor de 15.500 euros, y que la directora del colegio declaró ante el juez que nunca llegaron.

Armarios de almacenaje a 3.500 euros, colegios que recibían 200 papeleras cuando sólo habían solicitado un par de ellas para instalar en un espacio de 40 metros cuadrados, ordenadores que o no se recibían o que cuando lo hacían era a precio de oro, ratones informáticos facturados a casi 200 euros cada unidad, obras que no realizaban y se cobraban por adelantado…El listado del fraude es amplio y detallado.

Decenas de directores de centros educativos certificaron que esos suministros pagados con dinero público nunca figuraron en sus inventarios, es decir, nunca se entregaron a los colegios. Ello no impedía que la Consejería de Educación aprobara las facturas y abonara su importe a las empresas de la trama.

Coches, jamones y viajes al Caribe

Entre los siete condenados, destacan las «ingentes cantidades de dinero» que según la Fiscalía recibió la ex directora general de Educación, conocida por su afición a los artículos de lujo en las mejores tiendas de Oviedo. Un nivel de vida que se podía permitir gracias al manejo de los fondos de la Consejería del que su máximo responsable, el entonces consejero Riopedre, «estaba totalmente al tanto ya que participaba de dichas irregularidades».

Las empresas beneficiadas correspondían generosamente al trato de favor de los políticos y funcionarios del gobierno del PSOE asturiano. Hasta 550 jamones les enviaron en esos años. La ex directora general recibió solamente en un año cheques y regalos por valor de 2,5 millones de euros, incluidos coches o viajes al Caribe, según detectó la Agencia Tributaria en 2012.

La investigación se inició en 2010  tras la denuncia de una mujer que descubrió la apertura de una cuenta bancaria a su nombre en la que se habían movido 600.000 euros.

Las consecuencias políticas de la sentencia del ‘Caso Marea’ no se han hecho esperar. El PP de Asturias ha pedido la comparecencia urgente del presidente presidente del Principado y secretario general de la FSA-PSOE, Javier Fernández, así como la dimisión de su cargo como senador del ex jefe del Ejecutivo Vicente Álvarez Areces.