Trabajo elude aclarar si guardar fotos íntimas de empleadas como hizo Iglesias con Dina es sancionable

El Ministerio de Trabajo ha evitado aclarar si guardar fotos íntimas de empleadas -como hizo el líder de Podemos, Pablo Iglesias, con su asesora Dina Bousselham- es sancionable o no. A preguntas del grupo parlamentario del PP en el Congreso de los Diputados, el departamento de la podemita Yolanda Díaz únicamente se remite a las explicaciones ofrecidas por el vicepresidente segundo del Gobierno.

Como adelantó OKDIARIO, la portavoz del PP en la Cámara Baja, Cuca Gamarra, registró en julio una batería de preguntas al Gobierno sobre si la actitud de Pablo Iglesias era suficiente para abrir un expediente de investigación por en base a la normativa laboral. Sin embargo, ahora el Ministerio elude entrar en el fondo del caso y se limita a dirigir la atención a las afirmaciones del vicepresidente en rueda de prensa.

«En relación con las preguntas de referencia, se informa que respecto al caso Villarejo, el vicepresidente segundo del Gobierno y ministro de Derechos Sociales y Agenda 2030 dio las declaraciones correspondientes a los medios de comunicación el pasado 7 de julio tras el Consejo de Ministros, donde presentó la extensión del Escudo social y respondió a los periodistas sobre dicho tema. En ambas ocasiones relató la cronología de los hechos producidos desde el robo de la tarjeta de Dña. Dina Bousselham hasta la actualidad», afirma el Ministerio de Trabajo en su respuesta parlamentaria.

El equipo de Yolanda Díaz esquiva aclarar las múltiples cuestiones que ponía sobre la mesa el PP. Esta formación política se refería a posibles irregularidades en base a la Ley 31/1995 de Prevención de Riesgos Laborales que «impone a las empresas el deber de vigilar y mejorar las condiciones de trabajo de sus empleados», al Estatuto en los Trabajadores que «establece el derecho de los trabajadores a la no discriminación y al respeto a la intimidad y la consideración de su dignidad» y a las notas técnicas de prevención 891 del Instituto Nacional de Salud e Higiene en el Trabajo.

Los ‘populares’ preguntaban si «las empresas en el marco de la Prevención de Riesgos Laborales deben iniciar expediente en relación a hechos que supongan el control de archivos de contenido íntimo a una trabajadora». También preguntaban si el Ministerio «debe colaborar en erradicar estas perniciosas prácticas y conseguir un entorno laboral exento de violencia o por el contrario exceden al ámbito de sus competencias».

Otras preguntas eran: «¿Considera el Ministerio que la proliferación de comportamientos violentos en las relaciones laborales otorga la sensación de impunidad a los agresores generando una ‘organización tóxica’?», «¿considera el Ministerio que las declaraciones del vicepresidente reconociendo haber visionado y retenido sin consentimiento imágenes íntimas de una asesora otorga una sensación de indefensión a las potenciales víctimas?» o «¿se considera desde Trabajo que el control de los móviles sin consentimiento de una trabajadora cuando el contenido sobre el que se ejerce el control son archivos íntimos afecta al derecho de los trabajadores al respeto a su intimidad en el ámbito laboral?».

Igualdad

A raíz del caso Dina-Iglesias, el PP preguntaba también al Ministerio de Igualdad si «la violencia contra la mujer en el ámbito laboral es una preocupación del Ministerio» y si contemplaba «alguna acción o campaña en relación a la lucha contra la violencia de género ejercida mediante el control de dispositivos móviles y electrónicos». Por último, pedía una valoración específica del «control de la tarjeta de un móvil de una asesora», como en el caso de Pablo Iglesias.

Sobre esta cuestión, la Delegación del Gobierno contra la Violencia Machista es rotunda: «Cualquier manifestación de violencia contra las mujeres, en el ámbito que sea, es objeto de preocupación y atención de la Delegación, a quien le corresponde proponer la política del Gobierno contra las distintas formas de violencia contra la mujer e impulsar, coordinar y asesorar en todas las medidas que se lleven a cabo en esta materia».

Nueva campaña

El departamento liderado por Victoria Rosell señala que «entre las funciones (de su equipo) destaca la sensibilización social y la prevención de todas las formas de violencia contra la mujer. En ejercicio de estas funciones, se informa que la Delegación tiene previsto realizar este año nuevas campañas de sensibilización y concienciación social sobre las diferentes formas de violencia contra las mujeres».

Coincidiendo con la polémica retención de la tarjeta de memoria SD de Dina Bousselham, Igualdad pondrá en marcha junto a la Agencia Española de Protección de Datos (AEPD) «acciones conjuntas de sensibilización e información sobre uso seguro de Internet y redes sociales y prevención de la violencia contra la mujer».

Por otra parte, reseñan que en relación «con la violencia contra la mujer, se informa de la aprobación en el año 2019 del Convenio 190 de la Organización Internacional del Trabajo (OIT) sobre la eliminación de la violencia y el acoso en el mundo laboral». Por último, citan «la Ley Orgánica 3/2007 para la igualdad efectiva de mujeres y hombres, que prevé medidas específicas para prevenir el acoso sexual y el acoso por razón de sexo en el trabajo (artículo 48) y el contenido de los planes de igualdad de las empresas, en los cuales se han de incluir medidas para la prevención del acoso sexual y por razón de sexo en el ámbito laboral (artículo 46).

También mencionan el Acuerdo de Gobierno de Coalición ‘Coalición progresista. Un nuevo acuerdo para España’ que «establece entre los compromisos del Gobierno la lucha contra las violencias machistas, todas las medidas pendientes del Pacto de Estado contra la Violencia de Género, incorporando a nuestro ordenamiento lo dispuesto en el Convenio de Estambul para prevenir y erradicar todas las formas de violencia que sufren las mujeres». Finalmente este Ministerio vuelve a remitirse a las palabras de Pablo Iglesias en rueda de prensa en el Palacio de La Moncloa.