Torrent liquida a Torra y no pedirá informe a los letrados: “Hay que acatar las resoluciones judiciales”
El presidente del Parlament, Roger Torrent, no pedirá ningún informe a los letrados de la Cámara sobre cómo proceder a la inhabilitación de Quim Torra como diputado. Una breve conversación con los servicios jurídicos a lo largo del día de hoy ha servido para zanjar el tema: “Hay que acatar las resoluciones judiciales”. Dicen los abogados que no hay interpretación jurídica posible y que cualquier otra decisión será política. Y Torrent, pese a las presiones, parece no estar dispuesto a asumirlas.
Al presidente del Parlament le quedan menos de 24 horas para hacer efectivo el mandato judicial. Ayer jueves, la Junta Electoral Provincial de Barcelona dio orden a la Cámara catalana de dejar sin efecto la credencial del inhabilitado Torra y requirió a Torrent para que tramitase la toma de posesión del siguiente en la lista, el concejal en Barcelona y ex delegado de la Generalitat en Madrid, Ferran Mascarell.
A lo largo de este viernes, en la sede de ERC se han producido varias reuniones entre miembros de la dirección y el grupo parlamentario para analizar la situación. Aplicar la ley y no poner en riesgo a sus dirigentes, dicen algunos, sería una forma suave de romper este Govern de coalición que hace tiempo que no funciona. Los dos socios no se aguantan más y el día a día es “bastante insoportable”.
El lunes, cuando el Parlament celebre su primer pleno, Quim Torra ya no podrá votar y Mascarell se sentará en su escaño. El presidente autonómico podría estar en su silla de la primera bancada, junto al Govern, si finalmente los servicios jurídicos de la Cámara avalan que pueda continuar ejerciendo como jefe del Ejecutivo pese a no ser diputado.
Sobre eso hay un gran debate abierto y pese a las resoluciones políticas, en su escrito de alegaciones los letrados del Parlament dijeron que si dejaba de ser diputado también dejaría de ser presidente.
Con todo, a Torra aún le queda una baza. Su equipo jurídico presentó un recurso a la sentencia del Tribunal Superior de Justicia de Cataluña que le condenó por un delito de desobediencia a la inhabilitación. Si el Tribunal Supremo falla a su favor, algo altamente improbable, Torra recuperaría sus derechos políticos. Si no, estaría vetado para desempeñar cualquier cargo en la función pública.
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