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Todos los leales a Puigdemont ya viven de un sueldo público en el Govern de Torra

Varios afines a Carles Puigdemont han sido colocados en el Govern de Quim Torra para obtener un cargo público: Montserrat Morante, Meritxell Budó y Gorka Knörr

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Carles Puigdemont, ex presidente de la Generalitat fugado en Bélgica, ha logrado que sus colaboradores más leales estén ya a sueldo (público) del Govern de Quim Torra.

Entre ellos, las cuatro mujeres con las que ex ‘president’ se fotografió el pasado mes de enero en su lujosa mansión de Waterloo (Bruselas): Lourdes Ciuró, Míriam Nogueras, Montserrat Morante y Meritxell Budó. La instantánea fue colgada en las redes sociales.

Montserrat Morante fue contratada a principios del pasado mes de abril como asesora del Departamento de Presidencia de la Generalitat. Una institución liderada por Budó, que es también la portavoz del Ejecutivo de Torra. Morante disfruta de la retribución propia de «un funcionario del grupo A, con un nivel de destino nivel de destino 27 y con un complemento específico de 31.939 euros». Eso significa que percibe un sueldo anual de 82.000 euros brutos.

Meritxell Budó fue nombrada como portavoz de la Generalitat el pasado mes de marzo en sustitución de Elsa Artadi, también afín a Puigdemont y ahora concejal de JxCAT en el Ayuntamiento de Barcelona tras las últimas elecciones. Budó cuenta con un sueldo de 115.235 euros brutos, dividido en 14 pagas de 8.231 euros.

Tras la dimisión de Artadi como consejera de Presidencia y portavoz del Govern para concurrir a los comicios, el puesto fue ofrecido a Lourdes Ciuró, concejal de JxCAT en el Ayuntamiento de Sabadell y ex diputada en el Congreso. Sin embargo lo rechazó para centrarse en su candidatura del 26-M. También se ofreció este cargo a Míriam Nogueras, que también lo descartó para repetir como diputada de JxCAT en el Congreso tras las elecciones generales del 28-A.

Otro colaborador cercano a Carles Puigdemont que ha logrado un sueldo público en la Generalitat de Quim Torra es Gorka Knörr. Ahora se encuentra en el puesto de delegado de la Generalitat en Madrid. Sustituye de esta forma a Ferran Mascarell, en un cargo que tiene una retribución aproximada de 85.000 euros anuales. Knörr fue número en las listas de ‘Llibes per Europa (Junts)’, la candidatura de Puigdemont, para las elecciones europeas del 26-M. Tras no obtener su escaño en el Europarlamento, el ex ‘president’ ha logrado colocarle en el Govern de Torra.

Gorka Knörr y Carles Puigdemont en Waterloo

Gorka Knörr es cantautor y fue diputado en el Parlamento vasco por Eusko Alkartasuna, así como vicepresidente de esta cámara autonómica. En 2008 fue condenado por el Tribunal Supremo por negarse a disolver al grupo parlamentario Sozialista Abertzaleak, tras la ilegalización de la formación proetarra de Batasuna en 2003. Fue condenado de 12 a 18 meses de inhabilitación y a pagar una sanción de 12.000 euros.

En 2017, el Tribunal Europeo de Derechos Humanos (TEDH) absolvió a Knörr de esta condena al afirmar que el Supremo le privó de su derecho a un juicio justo.

Otros leales

Otros afines a Carles Puigdemont que se han hecho con un puesto público son Josep Maria Matamala, Jaume Alonso-Cuevillas y Laura Borràs. Matamala es el empresario catalán que acompañó desde el primer día al ex presidente de la Generalitat desde que se fugó a Bélgica. Debido a su lealtad, Puigdemont le premió con incluirle como número en la listas de JxCAT al Senado por Girona de cara al 28-A. Finalmente Matamala logró su plaza de senador.

Jaume Alonso-Cuevillas es el abogado de Puigdemont en España, y que fue incluido como candidato al Congreso de los Diputados por Gerona para la cita electoral del 28-A. Logró su escaño en la Cámara Baja para lograr su sueldo público.

No hay que olvidar el caso de Laura Borràs, otra afín al ex presidente de la Generalitat fugado en Bélgica. Borràs fue consejera de Cultura en el Govern de Quim Torra hasta marzo de este año, fecha en la que renunció para poder concurrir al 28-A como candidata de JxCAT al Congreso de los Diputados. Tras los comicios tomó posesión de su escaño para poder cobrar su nuevo salario público.