El test de identidad de género que repartió en prisión una estudiante requería autorización de Interior

• Alfonso Egea @Alfonso_Egea
• Jefe de Investigación en OKDIARIO. Anteriormente fui responsable de la sección de Actualidad y Sucesos en Espejo Público, en Atresmedia. He publicado cuatro libros y actualmente colaboro en programas de televisión en Mediaset y en Telemadrid. Agradecido por tener el reconocimiento de la Policía Nacional de Madrid y la medalla al mérito de la Guardia Civil.
• • 03/04/2022 06:47
  • Actualizado: 03/04/2022 20:54

Una cárcel es una estructura de seguridad del Estado y como tal debe funcionar. Cada actividad ocurrida en un centro penitenciario debe sujetarse a las premisas de seguridad de su personal y de la institución y de protección de los internos. Si una trabajadora en régimen de prácticas, una estudiante o un trabajador en mejora de formación requieren repartir un cuestionario entre el personal de una cárcel, éste debe ser revisado y autorizado, no sólo por la dirección de la prisión, sino por la Secretaría General de Instituciones Penitenciarias y además el autor en cuestión está obligado a recabar consentimientos informados sobre qué van a responder los encuestados, ya sean internos o trabajadores. Eso debe haber pasado con el test sobre identidad de género repartido por una estudiante en una cárcel española.

OKDIARIO ha revelado la existencia de un cuestionario de 20 preguntas distribuido entre los funcionarios de un centro penitenciario para “conocer las nociones que tienen los trabajadores en materia de identidad de género”. Este diario atribuyó la responsabilidad de su contenido a Interior, y lo hizo consciente de que no existe, o no debería existir, una sola actividad que afectara a los trabajadores o a los internos de una infraestructura pública de seguridad como una cárcel que no se lleve a acabo sin el conocimiento y autorización de la estructura ministerial.

Como no ha sido el primer Trabajo Final de Grado realizado en un centro penitenciario, veamos qué requisitos son necesarios para introducir 20 preguntas de una materia sensible en una cárcel. Para empezar sobra decir que eso es algo que no está al alcance de cualquiera.

Para empezar, este diario se reserva los datos de la universidad para cuyo TFG iban destinadas las respuestas y, por supuesto, los datos de la persona que confeccionó el mismo. Lo que sí es importante dejar claro es que si tuvo acceso a los trabajadores penitenciarios lo hizo bajo el paraguas, no sólo que le otorgaba ser estudiante, cualquiera no puede tener acceso libre a funcionarios penitenciarios en su centro de trabajo, sino gracias sus prácticas en el citado centro. Estaba dentro. Por cierto, no revelar el nombre y la ubicación del centro fue también voluntad de este diario.

Exigencias para un cuestionario 

Lo siguiente es saber qué exige la norma para abrir las puertas de un centro a un cuestionario académico. Un trabajador de prisiones que hizo su TFG dentro de prisión lo deja muy claro: “Una cárcel no es un supermercado, donde te puedes poner en las cajas a hacer encuestas de satisfacción. Se trata de un centro de seguridad donde todo está reglado. Ese cuestionario, como cualquier otro, requiere autorización de la Secretaría General de Instituciones Penitenciarias, quien da luz verde, o no, no sólo a que se pregunte a funcionarios o reclusos, sino a lo que se les va a preguntar”.

Así que, si ese cuestionario llegó a la cárcel, en concreto, que lo hizo, tuvo que ser bajo el conocimiento y aprobación de Interior. ¿Redactó el ministerio el cuestionario? No. ¿Amparó su contenido bendiciendo su distribución? Sin duda. El trabajo académico entró en el ámbito penitenciario, así que hablemos ahora de eso. Un informe publicado por de la Universidad del País Vasco en 2011 deja muy a las claras qué es y cómo debe llevarse a cabo el consentimiento informado de cualquier participante que colabore en un estudio universitario.

Para llevar a cabo un estudio que requiera, según dicen textualmente, “El consentimiento informado en la investigación universitaria con seres humanos”, el citado seminario explica lo siguiente: “¿El CI (Consentimiento Informado) en investigación con seres humanos debe ser necesariamente escrito? ¿En quién recaería la obligación de elaborar el documento? Sí. Es obligatorio. El CI en investigación con seres humanos, sus muestras y sus datos debe documentarse”

Por cierto, para ilustrar el acceso informado a estas pruebas, una fuente directa explica a OKDIARIO lo siguiente: “Había cuestionarios en la mesa de una de las oficinas de acceso libre hace 10 días, nadie supo que era, pero si es cierto que había tres ya hechos. Acabó el turno de mañana y tarde y por allí no pasó nadie a recoger nada ni a explicar nada”.

El asunto no es menor, porque lo que a los trabajadores les llamó la atención es que, además de conocer su grado de conocimiento sobre la identidad de género, les pedía identificar su puesto de trabajo para emitir, en algunos casos, opiniones y no conocimientos reales. La tercera pregunta pide diferenciar si quien contesta pertenece al equipo técnico (psicólogos, educadores, trabajadores sociales o juristas) o si son funcionarios. Una vez respondido esto llegan cuestiones valorativas como responder si “¿cree que las personas trans han nacido en un cuerpo equivocado?” o “¿considera que la orientación sexual y la identidad de género es una elección de cada individuo?” Por cierto, el cuestionario no sólo fue repartido, sino que hubo copias encontradas por otros trabajadores en distintas partes de la prisión y como puede verse en la copia que tiene este periódico nada en su redacción revela su finalidad académica.

Aclarado el origen, la autoría y los requisitos para poder realizar este tipo de cuestionarios dentro de una cárcel es el momento de ocuparse de los precedentes. No es el primer cuestionario realizado en una prisión española cuyo contenido incomoda a los trabajadores. Es cierto que en su libertad está contestarlo o no, pero su sola elección de hacerlo o no también quedará reflejada en los resultados que serán interpretados libremente por el autor. Sucedió en otra cárcel, dónde se preguntó a los trabajadores sobre cuestiones relacionadas con el movimiento feminista que en algunas opciones de respuesta directamente criminalizaba el citado movimiento.

El cuestionario sobre identidad de género lo redactó una estudiante, cierto, pero en el momento en el que entró en un módulo penitenciario se convirtió en responsabilidad directa de Instituciones Penitenciarias y de Interior, quienes por acción u omisión lo bendijeron permitiendo su distribución.