Los agricultores extremeños, en pie de guerra: piden soluciones urgentes para luchar contra las plagas del tomate
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Reducen con sustancias naturales una de las peores plagas agrícolas
Extremadura concentra la mayor superficie dedicada al tomate de España. Con cerca de 21.000 hectáreas y alrededor de 1,9 millones de toneladas contratadas en la presente campaña, la comunidad aporta en torno al 80% del total nacional destinado a la industria. Frente a este panorama, el gran problema ahora parecería girar en torno a las plagas del tomate.
Y es que recientemente, una serie de limitaciones en el uso de determinadas materias activas han encendido las alarmas entre cooperativas y productores, que advierten de posibles consecuencias para la campaña y para el conjunto de la cadena agroindustrial.
Extremadura, ante el desafío de las plagas del tomate
El peso del tomate para industria en Extremadura no es menor. Como se mencionó recién, se trata de uno de los cultivos con mayor impacto en empleo rural, actividad cooperativa e industria transformadora. La planificación de cada campaña se diseña con meses de antelación, en función de contratos cerrados y previsiones de producción.
Sin embargo, el control de plagas del tomate y malas hierbas resulta determinante para garantizar la viabilidad del cultivo.
Según ha denunciado Cooperativas Agro-alimentarias Extremadura, la reciente negativa del Ministerio de Agricultura a autorizar el uso excepcional de varias sustancias activas deja al sector en una posición delicada.
Desde la organización sostienen que la ausencia de determinadas herramientas impide un control eficaz frente a amenazas que pueden propagarse con rapidez. En el caso del tomate para transformación, una infestación severa puede arruinar una parcela en cuestión de días, alterando toda la planificación prevista.
¿Cuáles son las sustancias en el foco del conflicto por las plagas del tomate?
El foco de la controversia se sitúa en tres sustancias concretas: spirotetramat, metribuzina y metam sodio. Las dos primeras no han recibido autorización excepcional, mientras que el metam sodio sí ha sido permitido, aunque con condiciones que, según las cooperativas, incrementan de forma considerable los costes de aplicación.
El sector argumenta que «no existen alternativas con la misma eficacia» para combatir determinadas plagas del tomate y malas hierbas. Esta situación, sostienen, repercutiría directamente en el rendimiento por hectárea y en los márgenes económicos de los productores.
Además, recuerdan que estos productos ya se han utilizado en campañas anteriores sin que se hayan registrado problemas sanitarios o medioambientales. También señalan que algunas de estas materias activas están autorizadas en otros países de la Unión Europea, lo que, a su juicio, genera desequilibrios competitivos.
El presidente del grupo de trabajo de Tomate para Industria de la organización, Juan Francisco Blanco, ha señalado: «No pedimos carta blanca, sino coherencia con los principios europeos que combinan sostenibilidad y competitividad». En la misma línea, ha advertido de que, sin herramientas eficaces, el cultivo de tomate puede perder viabilidad en determinadas zonas.
La necesidad de tomar medidas urgentes: ¿En qué situación se encuentra esta lucha por parte del sector tomatero?
Ante la negativa del departamento que dirige Luis Planas, la organización ha anunciado la presentación de un recurso de alzada. Este procedimiento, previsto en la legislación administrativa, permite solicitar que un órgano superior revise la resolución adoptada.
Previamente, representantes del sector han mantenido encuentros con la Delegación del Gobierno en Extremadura y con la Dirección General de Sanidad de la Producción Alimentaria para trasladar su preocupación por el impacto de la decisión. El objetivo es lograr la autorización excepcional solicitada ante la falta de alternativas consideradas eficaces.
Las cooperativas sostienen que la planificación de la campaña 2026 podría verse alterada si no se adoptan medidas en un plazo breve. Y es que claro, las plagas no esperan a ninguna resolución de trámites administrativos y en cualquier momento podrían afectar de forma directa a la producción.
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