Crisis del coronavirus

El Supremo admite la demanda de los empresarios contra Sánchez por los cierres de la pandemia

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La hostelería sigue sufriendo la pandemia.

El Tribunal Supremo ha admitido a trámite la demanda de la Plataforma de Empresarios Afectados por la COVID-19 contra el Gobierno de Pedro Sánchez por los cierres y las restricciones durante la pandemia.

Los empresarios, que presentaron en diciembre de 2020 una reclamación de responsabilidad patrimonial por vía administrativa con el fin de «recuperar el gasto sufrido y los beneficios medios perdidos» en sus negocios, acusan al Ejecutivo socialista de haber cometido «numerosos errores» en una gestión de la pandemia «incoherente» y culpan al Gobierno de haber dejado de lado la posibilidad de exigir medidas de seguridad para asegurar que los negocios pudieran seguir abiertos y que solo plantearon la alternativa del cierre, algo «contradictorio y perjudicial» para los negocios.

Según PEACovid-19, el Gobierno no ha buscado el pacto ni ha exigido medidas de seguridad, sino que les ha obligado a cerrar, con las pérdidas que «ello ha supuesto» y consideran que «el Gobierno español es el primer y último responsable de ese cierre que creemos que es injusto, que les ha obligado a mantener gastos fijos con la persiana echada y que les ha dejado meses sin ventas, además de la pérdida y destrucción de miles de empleos».

Por todo ello, los empresarios que conforman la Plataforma de Empresarios Afectados por la COVID-19 esperan ser indemnizados con más de 300 millones de euros, una posibilidad que ven más próxima tras la admisión a trámite de esta demanda a la que se han sumado más de dos millones de negocios de toda España.

Autónomos, pymes y grandes empresas, así como colectivos de empresarios como la Federación Catalana de Asociaciones de Actividades de Restauración y Ocio de Cataluña, Ocio de Canarias e Ibiza, o el Círculo de Empresarios de Ocio Nocturno de Madrid, tienen ahora sus esperanzas depositadas en el Tribunal Supremo, que ya puede decidir sobre este asunto tras haber transcurrido el plazo del que disponía el Gobierno socialista para responder a las acusaciones sin que éste se haya pronunciado.

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