Sin rastro del plan para abrir la isla privada de la presidenta del PSOE gallego tras anunciarse en verano

El proyecto para abrir la isla privada de Toralla (Vigo) ,donde vive la presidenta del PSOE gallego, senadora por Pontevedra y primera teniente de alcalde del Ayuntamiento de Vigo, Carmela Silva, sigue sin publicarse. Todo ello a pesar de que la ministra de Transición Ecológica y para el Reto Demográfico, Sara Aagesen, anunció en junio del año pasado que el plan estaría «justo a la vuelta del verano» de 2025.

La isla de Toralla, con una superficie de 10,6 hectáreas, es la única privada de Vigo y de las pocas con acceso restringido en Galicia. En su interior hay una urbanización de lujo con más de 30 chalets y una torre de 21 plantas. La única forma de acceder a ella por tierra es a través de un puente de 400 metros que la conecta con la playa de O Vao, en Coruxo. Sin embargo, para hacer uso de él, hay que pasar por una garita con barrera que impide el paso a las personas que no tienen permiso para entrar.

Hasta ahora, a la isla sólo pueden acceder los propietarios de los inmuebles que están en el territorio insular y las personas que éstas inviten. Sin embargo, la normativa obliga a establecer una parte del terreno para que el público pueda acceder sin restricciones. Algo que todavía no se ha cumplido.

La titular de Transición Ecológica defendía en una declaración de junio desde Vigo, junto al alcalde socialista Abel Caballero, que «el acceso al dominio marítimo terrestre es fundamental y tiene que ser de uso público». «Estamos trabajando en la definición del proyecto que esperamos tener listo justo a la vuelta del verano», indicó.

El plan, «en unas semanas»

Sin embargo, la realidad es que el proyecto aún no ha visto la luz. Tanto es así que a finales de 2025, el ministerio de Aagensen admitió en respuesta por escrito a una pregunta del BNG que «se continúa con la redacción del proyecto de recuperación del tránsito en la Illa de Toralla».

Entonces, en diciembre de 2025, creían que podrían «disponer de este documento en unas semanas» para luego someterlo «a información pública y oficial» y permitir que se presenten «alegaciones e informes de interesados y resto de administraciones públicas».

«En todo caso, antes de dicho trámite, el documento debe ser revisado internamente para cumplimiento de requisitos administrativos, lo que puede conllevar también unas pocas semanas», avisaba hace apenas unos meses el Gobierno en la citada respuesta por escrito.

Ahora, fuentes de Transición Ecológica afirman que el proyecto continúa sin ver la luz, aunque esperan que se cumplan los plazos lo antes posible y que se pueda abrir el paso.

La presidenta del PSOE gallego

Carmela Silva habita un chalet ubicado en una parcela de casi 1.300 metros cuadrados. Según la información registral en poder de este periódico, tiene una superficie total de 824,55 m2 construidos, «de los cuales 156,44 están destinados a terrazas». El inmueble se compone al menos de cuatro plantas. Una de ellas es el sótano, destinado a garaje, trastero y un aseo, con 248,6 m2 construidos.

Tal y como pudo confirmar OKDIARIO, aunque la presidenta del PSOE gallego hace uso de esta finca, el propietario es su hijo, el futbolista Iago Falque. En las escrituras consta que el deportista adquirió esta finca en régimen de compraventa el 12 de julio de 2018.

Lo cierto es que el BNG ya había alzado la voz contra la situación en la que se encuentra la isla. Y hace unos meses, el Ejecutivo admitió que la ley «establece que la servidumbre de tránsito recaerá sobre una franja de 6 metros, medidos tierra adentro a partir del límite interior de la ribera del mar». Es decir, que debía habilitarse una zona para el paso público peatonal y para los vehículos de vigilancia y salvamento.

Esta interpretación de la norma la certificó una sentencia del Supremo en la que el Alto Tribunal rechazó un recurso de los propietarios que exigían el uso y disfrute exclusivo del puente y las playas de la isla.

Aun así, el Gobierno puntualizó a la formación de Néstor Rego que «es consciente de las limitaciones existentes en Toralla en relación con la eficacia de la servidumbre de tránsito», pero le reconoció que estaban «trabajando en una solución para revertirlas».