Sánchez tuerce el calendario para que la Ley de Vivienda entre en vigor a 48 horas de las elecciones

El BOE vuelve a ser utilizado por el presidente Pedro Sánchez para amoldarlo a la agenda del PSOE en plena carrera hacia las urnas. Ahora lo hace con la Ley de Vivienda, la nueva norma que blinda la okupación en España y cercena el derecho a la propiedad, sacada adelante con sus socios de Gobierno de Podemos y sus aliados parlamentarios, entre los que se cuentan los golpistas del secesionismo catalán y los proetarras de Bildu. Sánchez ha torcido el calendario a su gusto para que la Ley de Vivienda entre en vigor el último día de la campaña electoral, a 48 días horas de las elecciones municipales y autonómicas del próximo domingo.

La ley fue aprobada por el Congreso en abril. El 17 de mayo obtuvo el visto bueno definitivo en el Senado. A partir de ese momento, el Gobierno tenía un máximo de 15 días para promulgar esta nueva norma mediante su publicación en el Boletín Oficial del Estado. Es decir, tenía perfecto margen para no publicarla en campaña, y más aún para no hacerla coincidir con las últimas horas previas a la cita con las urnas. Pero Pedro Sánchez justo ha optado por lo contrario. La promulgación de la ley, su publicación en el BOE, lleva su firma como presidente del Gobierno.

En vez de haberla promulgado inmediatamente después de su aprobación definitiva en el Senado –a diez días de las elecciones– o en los días posteriores a la celebración de los comicios, Sánchez ha elegido la fecha exacta de publicación en el BOE para que entre en vigor este viernes. El Boletín Oficial del Estado recoge la nueva ley hoy jueves, y en ella se establece que entrará en vigor al día siguiente. Es decir, mañana, cuando los partidos cerrarán obligatoriamente la campaña electoral para respetar la preceptiva jornada de reflexión.

Dudas de constitucionalidad

La Ley de Vivienda ha sido exhibida por el PSOE y Podemos como uno de sus grandes logros, pese a las dudas de constitucionalidad que rodean a este texto, que incluye preceptos a favor de los okupas y que comprometen el derecho a la propiedad privada.

La coalición socialcomunista viste esta radical posición con edulcoradas frases como la que dice que con esta nueva ley se «modula, tanto el derecho de propiedad, como la libertad de empresa, cuando operan en el sector de la vivienda, desde el doble punto de vista de la función social que deben cumplir y del interés general». O lo estipulado en su artículo primero, cuando indica que es «objeto de esta ley la regulación del contenido básico del derecho de propiedad de la vivienda en relación con su función social, que incluye el deber de destinar la misma al uso habitacional». Es decir, coartar la libre decisión de cualquier propietario a decidir qué hace con su vivienda.

El texto, al mismo tiempo que incluye medidas de protección de las que pueden beneficiarse los okupas, establece penalizaciones para quienes deseen mantener su vivienda vacía, bien por una preferencia personal o por temor precisamente a encontrarse con problemas de impago que desemboque en inquilinos que deriven en okupas. Así, el propietario que mantenga vacía una vivienda verá incrementados los impuestos.

Otro ejemplo: como informó en su momento este diario, esta nueva ley obliga a los propietarios a informar a los okupas de las ayudas públicas y subvenciones que pueden cobrar si son desahuciados, lo que supone una traba más al ya enrevesado proceso para recuperar un inmueble que cae en las redes de la okupación.