Sánchez suma medio centenar de pactos con golpistas y proetarras mientras exige al PP que repudie a Vox

El presidente del Gobierno, el socialista Pedro Sánchez, fue el gran perdedor junto a su candidato Luis Tudanca en las elecciones en Castilla y León. Sin embargo, ha emplazado al PP, ganador de los comicios, a vetar «siempre» y «en todos los territorios» a Vox a la hora de acordar gobiernos. Y ello, mientras el propio Sánchez suma medio centenar de pactos con los golpistas catalanes de ERC y Junts y con los proetarras de Bildu, incluyendo aquí tanto alianzas de gobierno, de gobernabilidad (apoyo externo) o de presupuestos.

Por ejemplo, ya en octubre de 2019, después de las últimas municipales, el líder del PP, Pablo Casado, emplazó a Sánchez a romper los acuerdos del PSC con ERC y Junts en unos 40 ayuntamientos de Cataluña. «El PP no puede seguir apoyando la unidad de criterio de los constitucionalistas si con un una mano nos piden apoyos y con otra abren la puerta a seguir pactando» con los independentistas, lanzó entonces Casado a los socialistas.

En Cataluña, el PSC se reparte el Ejecutivo local con el partido de Oriol Junqueras en al menos 15 alcaldías: Abrera, Altafulla, Bagà, Caldes d’Estrac, Castelldefels, Figueres, el Albiol, la Selva del Camp, Oliana, Playa de Aro, Puigverd, Sant Cugat del Vallés, San Salvador de Guardiola, San Vicente de Castellet y Villalonga del Camp.

Y con Junts gobierna en otros 24 ayuntamientos: Vilafranca del Penedès; Tortosa; Premià de Mar; Salou; Molins de Rei; Vila-seca; Les Franqueses del Vallès; Calella; Malgrat de Mar; Piera; Cunit; Vilanova del Camí; Cassà de la Selva; Dosrius; Llançà; El Morell; La Jonquera; Les Masies de Voltregà; Llorenç del Penedès; El Pont de Suert; La Granada; Castellví de Rosanes; La Riera de Gaià y Senterada.

También hay casos como en el Ayuntamiento de Badalona, tras la reciente moción de censura, donde el PSC gobierna de la mano de ERC y Junts. En la Diputación de Barcelona los socialistas también tienen un pacto con la organización de Carles Puigdemont, ex presidente catalán y prófugo de la Justicia por el golpe del 1-O. Y todo ello, sin contar las alianzas del PSC con los separatistas en otras instituciones como el Consejo comarcal del Bajo Llobregat o el del Alto Penedés.

Respecto al País Vasco, el Partido Socialista de Euskadi (PSE) comparte gobierno con la formación de Arnaldo Otegi en el Ejecutivo de Laguardia (Álava) presidido por el PNV. Y en Samaniego, un concejal socialista dio la alcaldía a Bildu, si bien le abrieron expediente desde la dirección regional por desmarcarse del pacto global entre el PSE y el PNV.

Lo que cada vez se ha producido más ha sido la firma de acuerdos presupuestarios entre el PSE y los proetarras de Bildu. Así ha ocurrido en Eibar e Irún (Guipúzcoa), en Durango (Vizcaya) o más recientemente en Iruña de Oca (Álava). También en el Parlamento vasco, el Gobierno de coalición de PNV y PSE pactó con los proetarras de Bildu su abstención para sacar adelante las cuentas regionales de 2022.

Presos por presupuestos

Igualmente, en Navarra, el Gobierno de la socialista María Chivite llegó a un acuerdo con los herederos de la ilegalizada Batasuna para que se abstuvieran y permitieran aprobar los últimos presupuestos. En el Gobierno de la Nación, los de Pedro Sánchez también negociaron con los bildutarras su apoyo a las cuentas de 2022, que salieron adelante incluso con su voto a favor. Además de partidas millonarias, detrás de este acuerdo estuvo el pacto conocido como ‘Presos por presupuestos’, facilitando desde Instituciones Penitenciarias el acercamiento de presos etarras, progresiones de grado y otros beneficios penitenciarios.

Asimismo, en las localidades navarras de Viana y Andosilla, el voto de Bildu dio al PSN sendas alcaldías. Sin embargo, fue Sánchez quien llegó a afirmar aquello de que «con Bildu no se acuerda nada». En total, medio centenar de pactos del sanchismo con los golpistas catalanes y con los proetarras que el PSOE quiere normalizar mientras exige al PP que no pacte con Vox -tercera fuerza del país- en Castilla y León. La formación de Santiago Abascal y Juan García-Gallardo fue aquí el partido que más creció en escaños y en votos, pasando de uno a 13 procuradores y obteniendo 212.605 sufragios como tercera fuerza.