Sànchez, Rull y Turull no descartan denunciar al CGPJ si su sentencia coincide con las filtraciones

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El exconsjero de Territorio y Sostenibilidad de la Generalitat, Josep Rull; el expresidente de ANC, Jordi Sànchez; y el exconsejero de Presidencia, Jordi Turull, todos presos del procés, salen del Congreso de los Diputados, donde han iniciado los trámites pertinentes para recoger sus respectivas actas de diputados. Foto: EP

La defensa de los acusados Jordi Sànchez, Josep Rull y Jordi Turull no descarta «interponer la oportuna denuncia ante el CGPJ» (Consejo General del Poder Judicial) si la sentencia del Tribunal Supremo por el proceso independentista coincide con las presuntas filtraciones que se están publicando en medios de comunicación sobre el contenido del fallo.

Fuentes de la defensa han explicado a Europa Press su «total asombro ante la supuesta filtración de la sentencia» de la causa que se sigue contra ellos.

Si ha habido filtración por parte del Supremo, consideran que sería una falta de respeto a los acusados y sus familias y una «flagrante vulneración del secreto de las deliberaciones regulado en el artículo 233 LOPJ». «Aparentemente se fija el tipo penal de la sedición y el detalle de altísimas penas que superan los 10 años de prisión para algunos de nuestros defendidos», constata la defensa.

Condena por sedición y malversación

Los golpistas Oriol Junqueras, Carme Forcadell, Josep Rull, Jordi Turull, Raül Romeva, Joaquím Forn, Jordi Sànchez, Jordi Cuixart y Dolors Bassa, todos ellos actualmente en prisión, serán condenados por delitos de sedición y malversación en la sentencia que el Tribunal Supremo notificará a los procesados el próximo lunes.

Por el contrario, Santi Vila, Carles Mundó y Meritxell Borràs serán condenados sólo por desobediencia ya que, según el tribunal, tampoco incurrieron en malversación.

El Supremo, en un fallo por unanimidad, descarta la rebelión porque, si bien hubo violencia en algunos momentos de la sedición contra el orden constitucional, como el asedio a la Consejería de Economía el 20 de septiembre de 2017, no tuvo el alcance que exige el delito tipificado en el Código Penal como de rebelión: que los rebeldes se alcen con «violencia y públicamente».

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