Sánchez prometió que los corruptos devolverían el dinero pero sólo se ha recuperado el 2% de los ERE

En mayo de 2015, el entonces secretario general del PSOE, Pedro Sánchez, se comprometió a que todo político corrupto en España debería devolver el dinero «respondiendo con su patrimonio». Así lo afirmó durante un mitin del PSOE en Murcia, con motivo de las elecciones municipales del 24-M. «Con el Gobierno socialista, en la Región de Murcia y en España, aquel político corrupto no sólo tendrá que pagar, sino devolver el dinero robado respondiendo con su patrimonio», aseguró el hoy presidente del Gobierno. De los 680 millones de euros que según la Audiencia de Sevilla se defraudaron con los ERE y se repartieron bajo los gobiernos de José Antonio Griñán y Manuel Chaves sólo se han podido recuperar 15, como estimó en 2019 la Administración autonómica, ya bajo el mando de Juanma Moreno.

Irrecuperables

Tras la llegada de Moreno a la presidencia de la Junta, se dio orden a los servicios jurídicos para poner en marcha todos los mecanismos posibles contemplados en la Ley de Hacienda Pública para recuperar el dinero y exigir responsabilidades a los condenados.

En diciembre de ese año, el entonces consejero de Hacienda en Andalucía, Juan Bravo, -hoy vicesecretario de Economía del Partido Popular- dio ya por perdidos como mínimo 71 millones, bien porque ya habían prescrito dado el tiempo transcurrido o por la maraña diseñada por los gobiernos socialistas para impedir que el dinero se recuperase.

A ello contribuyó, en buena medida, que en 2016, bajo el gobierno de Susana Díaz, se ordenase dar carpetazo al asunto reclamando el archivo de la causa penal que luego condenó a Chaves, Griñán y otros 17 ex altos cargos. Siete de ellos deberán entrar también en prisión, al igual que el ex presidente andaluz. En consecuencia, no se pudo reclamar el dinero a los acusados pues la Ley de Enjuiciamiento Criminal determina que «la acción civil han de entablarse conjuntamente con la penal por el Ministerio Fiscal, haya o no en el proceso acusador particular; pero si el ofendido renunciare expresamente a su derecho de restitución, el Ministerio Fiscal se limitará a pedir el castigo de los culpables».

Condena

El Tribunal Supremo confirmó este martes la sentencia del caso de los ERE  por la que dos ex presidentes del PSOE y de la Junta de Andalucía, José Antonio Griñán y Manuel Chaves, fueron condenados por corrupción. El primero, a seis años de prisión por un delito de prevaricación y otro de malversación de caudales públicos; el segundo, a nueve de inhabilitación por prevaricación.

Conocida la sentencia del Supremo, desde el PSOE se apresuraron a defender a los condenados. «Es un día para recordar que la puesta en marcha de estos mecanismos lograron en Andalucía salvaguardar cientos de empleos y empresas en momentos de dificultad», afirmó la nueva portavoz socialista Pilar Alegría, en rueda de prensa desde Ferraz.

El presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, también respaldó este miércoles a los ex dirigentes socialistas y afirmó que «están pagando justos por pecadores». En Moncloa empiezan ya a abonar el terreno para el indulto de Griñán. El propio Sánchez no lo descartó afirmando que si la defensa lo solicita, tal como ya ha avanzado el letrado de Griñán, su gabinete hará «lo que marca la ley». El abogado, en conversación con OKDIARIO, aseguraba estar convencido de que su representado no entraría en la cárcel.»No han sido acusados de haberse llevado ni un céntimo ni de haber enriquecido organizaciones políticas», manifestó el líder del PSOE.

Chaves y Griñán pusieron en marcha una fórmula ágil para acallar el descontento social y pagar las prejubilaciones de 6.000 empleados víctimas de la crisis industrial que azotó Andalucía a finales de los años noventa. El sistema pretendía eludir los férreos controles de la Intervención General, que anteriormente había puesto reparos al modo de reparto del dinero. La sentencia de la Audiencia de Sevilla calificó ese sistema de «fraudulento» e «ilegal» porque provocó un «descontrol absoluto» sobre los 680 millones distribuidos con el propósito de garantizar la «paz social».

Cabe recordar, asimismo, que la actual ministra de Hacienda y nueva vicesecretaria general del PSOE, María Jesús Montero, fue consejera bajo los gobiernos de Griñán y Chaves y, concretamente, se ocupó del departamento de Hacienda de la Junta de Andalucía con Susana Díaz. Es decir, entre 2013 y 2018 -cuando ocupó este cargo- Montero pudo haber reclamado la devolución del dinero defraudado. Sobre todo en sus dos últimos años en la Junta, cuando la Audiencia de Sevilla confirmó las acusaciones contra los ex presidentes andaluces.