Sánchez ordena a sus bases acosar al Constitucional por declarar ilegal el estado de alarma
El fallo del Constitucional anula las 1,2 millones de multas impuestas durante el estado de alarma
La nº 2 del Constitucional recibió presiones de Carmen Calvo para cambiar su voto sobre el estado de alarma
El Gobierno carga contra el Constitucional y se reafirma: «El estado de alarma salvó vidas»
Pilar Llop, ministra de Justicia, fue la primera en atacar la credibilidad del Tribunal Constitucional tras declarar la ilegalidad del estado de alarma. Ahora, el PSOE ordena a sus cuadros salir en bloque a acosar al máximo garante de los derechos y libertades recogidos en la Carta Magna. Un ataque al Constitucional que incluye ya hasta el marcado personal en redes sociales de los magistrados que han votado en contra del estado de alarma de Pedro Sánchez.
Pilar Llop, ministra ahora y magistrado de profesión no dudó en criticar la sentencia del Tribunal Constitucional: “El Gobierno respeta pero no comparte la resolución”, afirmó. Porque, según Llop, el máximo garante de la Carta Magna no ha cumplido con su deber. Y es que, pese a la sentencia, el Gobierno mantiene que el estado de alarma “fue conforme a los parámetros constitucionales”.
La mecha contra el organismo ha prendido. Y Pedro Sánchez ha dado el banderazo de salida a todo un linchamiento generalizado en redes sociales por parte de cargos socialistas contra una de las mayores instituciones españolas: el Tribunal Constitucional.
Miguel Morales, vicepresidente de la Asamblea de Extremadura y Secretario General de PSOE de Cáceres afirmaba ayer mismo lo siguiente: “Visto lo visto, no hay más preguntas señoría: estos son los 6 magistrados que han declarado inconstitucional el confinamiento: vínculos con el PP y FAES”.
El alto cargo del PSOE acompañaba su comentario con las fotografías de los magistrados que no han satisfecho los deseos de Pedro Sánchez. Todo un marcaje personal.
Visto lo visto no hay más preguntas señoría: Estos son los 6 magistrados que han declarado inconstitucional el confinamiento: vínculos con el PP y FAES https://t.co/g5QfkR8827
— Miguel A Morales (@mamorale44) July 14, 2021
Valentín García, diputado del Congreso de los Diputados por Badajoz y antiguo portavoz del Grupo Socialista en la Asamblea de Extremadura se unía al linchamiento y afirmaba: “Estoy convencido que el TC no hubiera dictaminado la sentencia de ayer en mayo de 2020. Es difícil concluir que los países europeos (democracias plenas) se equivocaron al aplicar medidas semejantes a la española. El TC se ha desprestigiado sólo”. El socialista no sólo asume los planteamientos de Podemos -que tachaban a España de no ser una democracia plena- sino que señala al Tribunal Constitucional como culpable de ello.
Estoy convencido que el TC no hubiera dictaminado la sentencia de ayer en mayo de 2020. Es difícil concluir que los países europeos (democracias plenas) se equivocaron al aplicar medidas semejantes a la española. El TC se ha desprestigiado sólo.
— Valentín García (@valentingarciag) July 15, 2021
Manolo Mata, autodefinido como “abogado y socialista; desde hace mucho, y para siempre. Ahora portavoz del grupo socialista en las Cortes Valencianas y Vice Secretario General del PSPV-PSOE” atizaba otro golpe institucional al TC: “Cuando el Congreso de los diputados aprobó la prórroga del estado de alarma por 321 votos y ningún voto en contra se constata que el Tribunal Constitucional está lejos de la mayoría social que representa la Cámara”.
Cuando el Congreso de los diputados aprobó la prórroga del estado de alarma por 321 votos y ningún voto en contra se constata que el Tribunal Constitucional está lejos de la mayoría social que representa la cámara pic.twitter.com/FXQNfioODL
— Manolo Mata (@manolomata) July 14, 2021
Todo ello sucede tras haber recibido el Gobierno uno de los mayores varapalos: la sentencia del Tribunal Constitucional contra su estado de alarma. Pero es más. Como ya ha publicado OKDIARIO, Pedro Sánchez sabía que aprobaba un estado de alarma que desbordaba la legalidad porque sus equipos jurídicos le alertaron de que las limitaciones de derechos fundamentales que decretaba entraban dentro del estado de excepción y no de la categoría más suave del estado de alarma.
Pero el presidente del Gobierno quería eludir el control del Parlamento. Y es que, si hubiese tramitado el confinamiento como lo que era, un estado de excepción, debería haber solicitado permiso al Parlamento para aplicar cada restricción de derechos fundamentales. Y temía que el coste de las medidas provocasen una desbandada de sus socios políticos.
Ahora, tras ser cazado en esa ilegalidad, Sánchez reacciona cargando contra el Tribunal Constitucional. Y ordena a su partido secundarle en el ataque a una institución.
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