Sánchez ordena desmantelar en octubre el sistema propio de pensiones de 900.000 funcionarios

Pedro Sánchez no tiene dinero en plena crisis del coronavirus y tampoco está dispuesto a recortar gastos superfluos que puedan alterar sus alianzas de poder. Por eso, y pese a las advertencias de CSIF, el gran sindicato de la función pública, el Gobierno ha trasladado ya la orden de desmantelar el 6 de octubre el viejo sistema de protección social de 900.000 funcionarios, las denominadas clases pasivas.

Ese sistema incluye la gestión y pago de las pensiones de forma independiente, su inclusión en el sistema de mutuas -Muface (funcionarios civiles), Isfas (Defensa) y Mugeju (Justicia)- y todo un esquema de protección social que permite a este gran colectivo de empleados públicos disfrutar de mejoras sociales y de un poder de negociación autónomo.

La orden ya se ha cursado, tal y como prueba el documento remitido a la Guardia Civil y que hoy reproduce OKDIARIO. Y su significado es evidente: el Gobierno de Pedro Sánchez y Pablo Iglesias quiere que el 6 de octubre dé inicio el traspaso al área de la Seguridad Social del control de las pensiones de 900.000 funcionarios. Ese día, según el propósito del Ejecutivo, las viejas estructuras que permiten aún hoy gestionar de forma autónoma esas prestaciones, deberán iniciar su desmantelamiento, con lo que el Gobierno podrá aplicar sobre esas pensiones el recorte o eliminación de derechos adquiridos que desee.

El texto del documento oficial señala lo siguiente: «Se informa que, al haberse aprobado la transferencia de competencias en materia de Pensiones de Clases Pasivas al Ministerio de Inclusión, Seguridad Social y Migraciones a partir del 6 de octubre de 2020 […], la División de Igualdad y Apoyo al Personal del Ministerio de Defensa» comunica que «a partir del 6 de octubre las Subdelegaciones de Defensa no deberán tramitar ninguna pensión de familiares». Y es que «viudas y huérfanos dejarán de ser competencia del Ministerio de Defensa y su administración será directamente del Ministerio de Inclusión, Seguridad Social y Migraciones».

Es más, «durante un periodo (no se ha definido su duración), el área de Pensiones del Ministerio de Defensa tutelara este traspaso de funciones, y a continuación desaparecerá», añade el documento.

Y, una vez eliminada la infraestructura de gestión, evidentemente, el control será pleno por parte de Seguridad Social. Y Defensa dirá adiós a su tradicional control de esta área.

Recorte de derechos

Tan sólo una función queda, por el momento, bajo gestión del Ministerio de Defensa: «Seguirá teniendo competencias en la resolución de pensiones de expedientes de aptitud psicofísica, terrorismo y acto de servicio».

El golpe está decidido. Y no lo será sólo a la Guardia Civil. El BOE del pasado 22 de abril se convirtió, en plena pandemia, en todo un susto para 900.000 empleados públicos. Se trata de los funcionarios comprendidos en lo que se denominan clases pasivas. El Gobierno decidió en aquel momento traspasar la gestión de sus prestaciones al Instituto Nacional de la Seguridad Social sin previo aviso, ni negociar con sus representantes sindicales.

Desde el principal sindicato de la función pública -CSIF- ya han advertido de que el movimiento es un paso previo a un intento de recorte de sus condiciones en materia de jubilación.

En aquel BOE se anunciaba ya la muerte del régimen diferenciado de las clases pasivas: pasaba a ser igualado al resto. Y eso implica, como poco, que en posteriores y nada descartables recortes con motivo de la crisis, esos 900.000 funcionarios pierdan su posibilidad de negociar de forma separada. Traducido: dicen adiós a su capacidad de defensa individual frente a congelaciones en las prestaciones o recortes en las condiciones de acceso a la jubilación.

La reforma para los funcionarios fue introducida en plena pandemia y con el estado de alarma en vigor. La modificación afecta a un amplio abanico de derechos adquiridos. Allí se recoge «la asunción de la gestión del Régimen de Clases Pasivas del Estado por el Instituto Nacional de la Seguridad Social y la asunción de las funciones que a tal efecto se le atribuyen a la Dirección General de Ordenación de la Seguridad Social».

El cambio abre la puerta a posteriores sorpresas, por ello, destaca que «resulta necesario que a esta Dirección General le preste asistencia jurídica el Servicio Jurídico de la Administración de la Seguridad Social. A tal efecto, la asistencia jurídica que deba prestarse a la Dirección General de Ordenación de la Seguridad Social por el Servicio Jurídico de la Administración de la Seguridad Social, comprenderá tanto el asesoramiento como la representación y defensa en juicio en materia de clases pasivas y otras prestaciones, así como la asistencia jurídica en aquellos asuntos que afecten a los intereses de las entidades gestoras y servicios comunes de la Seguridad Social en los términos que determine la Secretaría de Estado de la Seguridad Social y Pensiones».

CSIF sospecha que ese ataque, de hecho, va en conexión con el que se prepara contra Muface. Pedro Sánchez y Pablo Iglesias han puesto en su punto de mira a las tres mutuas de los empleados públicos, tal y como anunció el 18 de abril OKDIARIO. La más conocida de estas entidades es Muface, la joya de los funcionarios. El Gobierno socialcomunista quiere igualmente controlarlas y cortar el pago que destina cada mes para que los empleados públicos puedan disfrutar de una Sanidad privada, algo que afecta no sólo a las claves pasivas sino a todos los empleados públicos usuarios de estos servicios.

Hachazo a la Sanidad privada

El Gobierno socialcomunista de PSOE y Podemos pretende con ello asestar un nuevo hachazo tanto a la Sanidad privada, como a la industria farmacéutica con la excusa de reforzar el sistema sanitario público. Los «expertos» del Ministerio de Sanidad, en este sentido, han recomendado ya recortar al máximo la factura en medicamentos, integrar a los funcionarios en la Sanidad pública e incluso amputar cualquier influencia de los laboratorios en la formación del personal sanitario. Y ese plan incluye la integración de las tres mutuas de los empleados públicos en el sistema general de salud pública. Las tres entidades son Muface (Mutualidad General de Funcionarios Civiles del Estado), Isfas (Instituto Social de las Fuerzas Armadas) y Mugeju (Mutualidad General Judicial).

De momento, se trata de un «documento dinámico» titulado Plan de Acción para la Transformación del Sistema Nacional de Salud en la era Post-Covid19. Y el mismo señala que la crisis del coronavirus «ha evidenciado que nuestro Sistema Nacional de Salud (SNS) presenta ciertas debilidades que es necesario atender con premura si quiere aspirar a seguir siendo una referencia para todos ciudadanos y profesionales».

CSIF ha dirigido ya una carta al ministro de Sanidad, Salvador Illa, para que informe sobre sus planes sobre el sistema de mutualismo administrativo y en todo caso “garantice su mantenimiento y la actual cobertura sanitaria del colectivo de funcionarios”.