Sánchez no ha incluido la reforma de la malversación en ningún plan legislativo desde que gobierna

Sin apenas digerir la reforma del Código Penal para eliminar el delito de sedición, por el que fueron condenados los nueve golpistas catalanes del 1-O, el PSOE de Pedro Sánchez ya piensa en la segunda etapa: modificar el delito de malversación al son que le marcan sus socios de ERC. El otro ilícito penal en el que incurrieron los golpistas en 2017 y que les acarrea la inhabilitación que les mantiene alejados de la política. Moncloa asume las urgencias del independentismo para modificar el Código Penal, pese a que no figura en ninguno de los Planes Anuales Normativos firmados por Sánchez desde que llegó al poder. No estaba, ni mucho menos, sobre la mesa.

La sedición será historia en los tribunales en unas tres semanas, el plazo que se ha marcado el Gobierno con sus socios para ejecutar la reforma. Una vía rápida ante lo que ahora el PSOE considera una necesidad «histórica» y «urgente», alegando que el delito de sedición viene desde principios del siglo XIX en el ordenamiento español, aunque su redacción actual data de 1995. Igual de urgente parece esa reforma de la malversación, pese a que tampoco figura, tal y como ha comprobado OKDIARIO, en ningún Plan Anual Normativo de la Administración General del Estado desde que Pedro Sánchez es presidente del Gobierno. Ni una sola mención.

Este documento configura la hoja de ruta del Gobierno durante el año en curso, constituido por las iniciativas legislativas o reglamentarias que los distintos departamentos ministeriales prevén elevar semana tras semana al Consejo de Ministros para su aprobación o modificación. El cuerpo ideológico y legal del Ejecutivo sobre el que Sánchez debe rendir cuentas. En el Plan de 2022, el vigente, no hay ninguna mención a la malversación que ahora se busca retocar.

Tampoco es posible encontrar mención alguna a la malversación o a posibles modificaciones del delito en los Planes Normativos de 2021 o 2020. En 2019 no hubo plan, ya que el Gobierno de Sánchez no lo elaboró al llevar tan sólo unos meses en Moncloa.

Sedición

Además, una revisión a esos planes legislativos firmados por Moncloa desde que llegó Sánchez dejan a las claras que no había ningún compromiso por parte del Gobierno para reformar el delito de sedición. En contra de lo que ahora defienden Pedro Sánchez y sus ministros. Y es que en el Ejecutivo aseguran que la modificación a la carta de este delito, para beneficiar a los políticos catalanes, formaba parte de la agenda legislativa anual de la coalición.

De hecho, hasta sólo un par de días antes de anunciar la eliminación del delito de sedición, el PSOE descartaba la opción de reformarlo en lo que queda de legislatura. El propio Sánchez, el 12 de octubre, aseguraba en los pasillos del Congreso que «no será posible, ya que no dan los números».

Policías

El anuncio del Ejecutivo de que tocarán tanto la sedición como la malversación ha sentado como un jarro de agua fría a los agentes de la Policía Nacional y la Guardia Civil. Se muestran muy molestos con el Gobierno de Pedro Sánchez. «Es una irresponsabilidad que se desarme al Estado y con ello a las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad, socavando la convivencia, la soberanía del pueblo español y nuestro ordenamiento constitucional», señalan.

Jupol y Jucil, las organizaciones mayoritarias dentro de la Policía Nacional y la Guardia Civil, así como Jusapol, firmaron este lunes un manifiesto para arremeter contra el Ejecutivo de Sánchez por esta cesión ante ERC. Las organizaciones policiales aseguran que esta medida responde a «intereses políticos del presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, y no a una necesidad de la legislación, ni al sentir mayoritario de los españoles».