Sánchez no dará autonomía de gasto a los ministerios de Podemos: recuerda a Iglesias que lo prohíbe la UE

Podemos quiere ministerios con capacidad y autonomía de gasto garantizada. Es decir, quiere un cheque en blanco, pero Pedro Sánchez, presidente del Gobierno en funciones, ni está dispuesto a ello, ni tampoco puede permitirlo. El equipo negociador del socialista ha rechazado ya esta exigencia y ha recordado, además, a los dirigentes podemitas que todo el Ejecutivo está sometido al control de Bruselas.

Podemos ha llegado esta fase final de la negociación para la investidura con una exigencia imposible sobre la mesa. La formación morada quiere evitar que los controles de déficit y gasto supongan un problema en su decisión de adoptar determinadas medidas. Irene Montero quiere su Vicepresidencia Social y, además, la quiere con brillo político. No dentro de los límites de todo el resto de departamentos, sino sin traba alguna.

Dentro de toda esa locura, los negociadores de Podemos empezaron por reclamar el Ministerio de Hacienda dentro de su cupo de carteras. Ellos saben que controlar ese ministerio es controlar, en definitiva, el Gobierno entero en cuanto a capacidad de gasto. Y, eso, para un partido populista, es es la joya de la corona. Sin embargo, Sánchez no aceptó esa primera exigencia. La segunda variante del plan de derroche de Podemos venía de la mano de la exigencia de tener autonomía de gasto en las carteras ministeriales controladas por ellos. Es decir, los dirigentes morados pidieron que sus departamentos fuesen acompañados de libertad de gasto.

Pero, a pesar de todas las petición e idas y venidas, La Moncloa ha vuelto a decir ‘no’ a Podemos, Sánchez no está por la labor de aceptar semejante exigencia. El problema para poder materializar esta reclamación de Podemos, no es ya sólo el rechazo de Sánchez, sino también el propio articulado de la Ley General Presupuestaria porque las competencias de Hacienda en materia presupuestaria, así como el propio control del gasto están bajo la lupa de las instituciones europeas.

Es decir, con los argumentos legales sobre la mesa, es imposible que unos ministerios puedan tener parcelada una parte del gasto público sin posibilidad de control o recorte y esto es algo que el equipo negociador del Gobierno ha recordado a Podemos. Los socialistas han indicado que su exigencia sobrepasa la capacidad decisoria del Ejecutivo español y que los controles del gasto y del déficit establecidos por la Comisión Europea (CE) no son de libre disposición para ningún departamentos porque, de lo contrario, harían saltar por los aires todo el esquema de supervisión fiscal de Europa.

Hay que recordar, además, que entre las áreas reclamadas por Podemos se encuentran, por ejemplo, la cartera de Empleo, uno de los departamentos que se gana el favor de los sindicatos al decidir el dinero asignado a cursos de formación. Desde La Moncloa también ha mostrado su rechazo total a entregar este ministerio. Ni les darán Hacienda, ni tampoco Empleo.

Pero, las peticiones de Podemos, también pasaban por controlar otra de las áreas deseadas por los hombres de la formación morada: Transición Ecológica. Éste es un departamento que, en manos de los dirigentes podemitas podría regular perfectamente los incentivos para paliar la pobreza energética. A esta pretensión, los socialistas también se han negado.

O, por ejemplo, también ha pedido Podemos un pretendido Ministerio de Vivienda desde donde el desembolso en ayudas a viviendas públicas se puede convertir en todo un cheque en blanco perfectamente diseñado para arrebatar al PSOE el grueso de los votantes más desfavorecidos. E, incluso los morados han pedido una Vicepresidencia Social para Montero, la portavoz de Podemos en el Congreso, desde donde todo programa de gasto y compra de votos a cambio de prestaciones sociales sería materializable.
Por eso, el PSOE no quiere dar esa capacidad autónoma de gasto a los departamentos que se acaben entregando a los podemitas, sobre todo, porque el resto de carteras del Gobierno tampoco la tienen y porque, además, sería un motivo de fractura inmediata del Gobierno.