Sánchez echa la culpa de la crisis hasta a la «salinidad del mar» en su decreto económico

Pedro Sánchez ha ido buscando distintos pretextos para eludir sus responsabilidades en la gestión de la crisis económica. El presidente socialista ha culpado a Vladimir Putin y su invasión de Ucrania del alza de los precios y la precaria situación de distintos sectores en España, pero también se ha escondido en la erupción del volcán de La Palma, en la pandemia e, incluso, en la tormenta de arena que sorprendió a todo el país a mediados de marzo.

En el real decreto económico aprobado este jueves en el Congreso de los Diputados -gracias al voto de los cinco diputados de Bildu- Sánchez destaca además que la «vulnerabilidad» de determinados sectores los hace más susceptibles a sufrir la crisis: así, atribuye buena parte del deterioro económico, en el sector primario, a la sequía y el descenso de las precipitaciones que golpea la agricultura. O al «fenómeno del cambio climático, que tiene un impacto en las condiciones de los océanos (temperatura, ph, salinidad) que repercute en el comportamiento de las poblaciones pesqueras».

Sobre el sector ganadero, también sobresale en el decreto que, al impacto de la guerra «hay que sumar los efectos de la sequía que sufre nuestro país y que está provocando una menor disponibilidad de pastos y, por tanto, una mayor necesidad de suplementación en la alimentación animal a precios muy elevados».

Así, concluye el texto, la situación en Ucrania «puede poner en riesgo no sólo la viabilidad de las explotaciones agrícolas y ganaderas y de la actividad pesquera, y acuícola sino que puede afectar de forma indirecta y sistémica a los más de 2,8 millones de trabajadores que desarrollan su actividad en el sistema agroalimentario y pesquero, y comprometer una producción de alimentos sostenible, social, económica y medioambiental».

Sánchez ha tratado de esconder sus responsabilidades ante una crisis económica que se arrastra desde antes de la guerra en Ucrania. Bruselas, cabe recordar, ya situó el año pasado a España a la cola de la recuperación postpandemia de la zona euro. Este viernes, el Gobierno ha rebajado la previsión de crecimiento oficial hasta el 4,3%, por debajo del 7% inicial, e incluso la vicepresidenta económica, Nadia Calviño, ha tenido ya que asumir que la recuperación de los niveles de PIB previos a la pandemia no se producirá hasta el primer semestre del año que viene.

Culpa a Putin

El presidente socialista se ha agarrado a la invasión rusa -que se inició el pasado 24 de febrero- para eludir sus responsabilidades en el incremento de un IPC que, sin embargo, se encuentra disparado desde 2021. Los precios de la luz, el gas o las materias primas llevan meses al alza. Y sólo hay que ver cómo, el verano pasado, los datos rompían ya todos los registros hasta entonces conocidos, superándose la barrera de los 200 euros/MWh. En diciembre, la luz se pagaba a 360,02 euros/MWh. Las medidas del Gobierno para intentar contener los precios se han revelado absolutamente insuficientes.

Pese a ello, Sánchez insiste en su plan económico y rechaza acceder a las condiciones del Partido Popular, que reclama una ambiciosa bajada de impuestos para aliviar la crisis a los ciudadanos con propuestas como la deflactación del IRPF a la inflación, la bajada del IVA de la luz y el gas al 5% o el recorte de ministerios y gasto público ineficiente.

Gracias a Bildu

Pese a los esfuerzos de última hora para negociar el decreto, los populares no vieron atendidas ninguna de sus condiciones. Sánchez, mientras se abría a la negociación con el PP, buscaba en realidad el voto de Bildu. Finalmente, logró sacar adelante su proyecto gracias al voto a favor de los cinco diputados de Arnaldo Otegi, sumando 176 síes, es decir, uno más de la mayoría absoluta del Congreso de los Diputados. Al término del debate, el socialista celebró la prevalencia del «interés general y la política sana», pese al respaldo decisivo de los proetarras.

El acuerdo fue posible después de que el Gobierno cediese a la ambición de Bildu de entrar en la llamada Comisión de Secretos Oficiales, dándole así acceso a información sensible y confidencial del Estado.

La portavoz del partido de Arnaldo Otegi, Mertxe Aizpurua, avisó a Sánchez que su voto afirmativo era por «responsabilidad hacia los ciudadanos». «Que nadie se confunda, aprobamos este decreto por la gente, no por el Gobierno, porque nuestro compromiso es para con la ciudadanía», espetó la dirigente vasca. Sánchez vio, además, cómo ERC culminaba su amenaza y votaba en contra del decreto, contrariado por el caso de las presuntas escuchas a dirigentes separatistas mediante el programa Pegasus.