Sánchez cobrará 2.650 millones de euros a la industria española para hacer como que baja la luz

La industria ha puesto el grito en el cielo con el plan que prepara el Gobierno para, supuestamente, bajar el recibo de la luz. Pedro Sánchez ultima un timo de la estampita en el pago mensual de la electricidad: sacar los costes de las renovables del recibo de todos los hogares y empresas por la electricidad para esconder esos pagos en la tarifa del gas natural y las gasolinas. El mecanismo ideado para camuflar esos pagos es el Fondo de Sostenibilidad. Un fondo que pagarán las energéticas y consumidores por otras vías. Y supondrá un castigo fiscal para la industria afectada de 2.650 millones de euros.

La «industria no puede asumir más costes energéticos ajenos», afirma la Alianza por la Competitividad de la Industria Española. Se trata de la organización que representa a los sectores estratégicos con capacidad para “desarrollar un tejido empresarial de alta productividad y valor añadido, con una potente capacidad exportadora y de inversión en I+D+i y tecnologías avanzadas, constituyéndose en un pilar fundamental para estructurar un modelo económico sólido, generador de empleo de calidad, estable y cualificado”, como explica la asociación en su propia web.

Se trata de una organización integrada por siete asociaciones sectoriales cuyas empresas generan nada menos que el 50% del Producto Industrial Bruto, 2,8 millones de empleos directos, indirectos e inducidos, el 50% de las exportaciones industriales y el 50% de las inversiones en I+D+i. Entre sus representados está la Asociación Nacional de Fabricantes de Automóviles y Camiones, la Asociación Española de Operadores de Productos Petrolíferos, la Industria Química, la del Papel, la de Alimentación y Bebidas y la Siderúrgica.

Sus conclusiones son esclarecedoras: “El Consejo de Ministros, en su reunión del 15 de diciembre de 2020 y a propuesta del Ministerio para la Transición Ecológica y el Reto Demográfico, acordó iniciar la tramitación del anteproyecto de Ley por la que se crea el Fondo Nacional para la Sostenibilidad del Sistema Eléctrico (FNSSE), el cual fue remitido con diversas modificaciones al Consejo de Estado el pasado 30 de abril”.

Ese fondo, tal y como refiere la exposición de motivos del proyecto citado, “tiene por objeto asumir los costes asociados al régimen retributivo específico de las renovables, cogeneración y residuos (Recore), extrayéndolos del conjunto de cargos del sistema eléctrico y trasladando progresivamente la mayor parte de su financiación a los comercializadores y operadores de todos los sectores energéticos”, tal y como ya ha explicado OKDIARIO.

Rebaja aparente del recibo de la luz

Esa medida supondrá una rebaja aparente del recibo de la luz al sacar esas partidas del pago mensual por la electricidad. Pero la realidad es que, lo único que hace, es sacar esos pagos de un recibo para llevarlo al de empresas -gas natural, gasolinas, industria y las propias eléctricas- que lo repercutirán a los consumidores en sus respectivos precios finales.

Las empresas de la Alianza advierten de que, “dado que la Memoria de Análisis de Impacto Normativo (MAIN) excluye un análisis detallado y resulta claramente incompleto respecto a los consumidores de gas natural, el impacto calculado por la Alianza por la Competitividad de la Industria concluye que, sin considerar el régimen de compensaciones, el coste acumulado en el periodo 2021-2025 sería de 2.650 millones de euros para el conjunto de los sectores manufactureros de nuestro país. Ese impacto lo asumirían principalmente las industrias consumidoras de gas y los consumidores medios e intensivos de electricidad, al eliminarse las metodologías de niveles de tensión”.

Al cómputo de este impacto se suma el fuerte incremento de los costes del gas y la electricidad en nuestro país. “Así, el precio del mercado mayorista de electricidad batió su récord histórico en abril, presentando una estimación de cierre del precio medio anual en 2021 por encima de los 67€/MWh, y superior a los 65 en 2022. Ante una expectativa de precios muy elevados a corto y medio plazo, el impulso del fondo, tal y como se ha configurado, agravará la situación de la industria española y pondrá en riesgo su futuro”.

Las empresas destacan, además, el sistema de compensación que incluye la futura norma. Y advierten de que “conceptualmente, establecer un régimen de compensaciones para cargos excesivos previamente abonados, supone una falsa, incoherente e indeseable apariencia de industria subvencionada, introduciendo a su vez nuevos costes financieros y nuevas cargas administrativas”.

Sobrecoste competitivo inasumible

Añaden que “el incierto régimen de compensaciones aplicaría únicamente a un limitado número de sectores (los definidos en el Anexo III de las Directrices sobre ayudas estatales en materia de protección del medio ambiente y energía 2014-2020), excluyendo al 80% de la industria productiva y exportadora española, generando un sobrecoste competitivo inasumible en sectores tractores y esenciales para nuestra economía como el alimentario, la automoción, la mayor parte del textil y confección, la industria farmacéutica, los productos metálicos y electrónicos, material y equipo eléctrico, fabricación de maquinaria y equipos, y construcción naval y aeronáutica, entre otros”.

Las empresas alertan de que “la industria manufacturera española, considerando los efectos de la profunda crisis económica iniciada en 2008 y la todavía persistente de la pandemia originada en 2020, ha perdido en este amplio periodo casi un 30% de su tejido productivo y un 20% del empleo (550.000 trabajadores directos)».  Añaden que «el impacto previsto de la iniciativa legislativa, tal y como está configurada, es manifiestamente lesivo para la actividad económica responsable de la generación del empleo de calidad (en términos de salario y contratación indefinida), del desarrollo de la innovación y tecnologías avanzadas y neutras en carbono, y de la internacionalización de nuestro tejido empresarial».