Sánchez apoya al separatismo catalán para extender su red de ‘embajadas’ que cuestan 30 millones al año

El Gobierno de Pedro Sánchez no ve censurable que el independentismo catalán vaya a desplegar desde la Generalitat, con fondos públicos sostenidos por el Estado, un reforzado cuerpo diplomático incardinado en la hoja de ruta del separatismo, con el que proyectará a Cataluña en el extranjero como un sujeto político nacional. Moncloa respalda a la Generalitat en esa estrategia de promoción exterior del separatismo catalán. El Ejecutivo de Sánchez dice que la «jurisprudencia constitucional» ampara esa maniobra de la Generalitat independentista, según se desprende de una respuesta parlamentaria, de apenas cinco líneas, con la que se ha despachado una batería de 14 preguntas parlamentarias presentadas por PP y Vox.

La oposición instó al Gobierno a que dijera qué pensaba al respecto y si iba a hacer algo para poner coto a la Generalitat. Sánchez ha contestado con una escueta respuesta, idéntica para todas esas preguntas de PP y Vox, en la que no hay ni un ápice de crítica o duda de constitucionalidad ante la maniobra del Ejecutivo independentista de Cataluña. Al contrario, no ve que sea inconstitucional ese despliegue reforzado de la política de la Generalitat en el extranjero, pese a que las relaciones internacionales son una competencia exclusiva del Estado, según la Constitución.

En octubre, en plenas negociaciones del PSOE con ERC y Junts (Puigdemont), la Generalitat anunció que va a crear un cuerpo profesionalizado en relaciones internacionales y que va a seguir expandiendo su red de embajadas.

En 2020 había 16 delegaciones del Govern en el extranjero y ahora ya son 22, con las que actúa en 72 países. A ellas se suman otras 57 oficinas internacionales de la Generalitat: 38 de Acció, el organismo de promoción económica exterior de Cataluña; 11 de la Agencia Catalana de Turismo, 4 del Instituto Catalán de las Empresas Culturales, 3 del Institut Ramón Llull para la expansión de la lengua catalana y una de la Agencia Catalana de Cooperación al Desarrollo. Se trata de un extenso entramado con el que la Generalitat apuntala su política exterior mientras redobla su estrategia independentista.

En 2016, cuando el independentismo ya había lanzado el procés que condujo a la revuelta independentista del otoño de 2017, la Generalitat decidió crear una consejería específica de Acción Exterior. La red internacional del separatismo financiada con fondos públicos se ha extendido con fuerza desde entonces, y ahora la Generalitat da un nuevo paso con su plan para seguir abriendo más embajadas y dotarse de un cuerpo diplomático propio. El anuncio fue realizado hace semanas por la consejera catalana de Acción Exterior, la independentista Meritxell Serret. Ante aquellas declaraciones, el PP formuló tres preguntas parlamentarias al Gobierno para su respuesta escrita. Y Vox presentó 11.

La posición de Moncloa

Ahora ha llegado la respuesta de La Moncloa. Se despacha todas ellas con una idéntica respuesta, de cinco líneas, en la que no contesta ninguna de las cuestiones que le planteó la oposición. Se limita a indicar una obviedad, que «la Constitución Española otorga al Estado la competencia exclusiva en materia de relaciones internacionales». Y, para amparar la maniobra de la Generalitat, a continuación indica que «la legislación vigente y la jurisprudencia constitucional permiten que las comunidades autónomas puedan realizar actividades con proyección exterior en materias de su competencia, tal y como se regula en la Ley 2/2014, de 25 de marzo, de la Acción y del Servicio Exterior del Estado».

Con esta respuesta, el Gobierno da alas implícitamente a la estrategia del independentismo por presentar a Cataluña en el extranjero como un sujeto nacional, al gusto del separatismo. Las autoridades catalanas no ocultan que su red de embajadas responde a esa vocación de independencia, para presentar a Cataluña como una entidad diferenciada de España.

Embajadas y revuelta separatista

Lo evidenció con las acciones que la Generalitat desplegó en el extranjero durante el procés. Que ahora refuerce esa estrategia supone ahondar en esa dirección. Sin embargo, el Gobierno de Sánchez evita la más mínima censura hacia esa maniobra. Al contrario, en su respuesta la presenta como algo que encaja en «la legislación vigente y la jurisprudencia constitucional», pese a que éstas, en realidad, lo que indican es que la acción exterior de las autonomías no puede ir más allá de la promoción de intereses económicos o culturales, nunca entrar en materias propias de las relaciones políticas internacionales que son competencia exclusiva del Estado como único actor de la soberanía nacional en el extranjero.

La legislación permite al Gobierno controlar a las comunidades autónomas que pretendan rebasar ese límite. Puede hacerlo planteando ante el Tribunal Constitucional lo que se denomina técnicamente conflicto positivo de competencia. Las preguntas parlamentarias planteadas a Sánchez por PP y Vox iban en ese sentido. Moncloa, sin embargo, ha evitado cualquier respuesta en ese sentido. No tiene pensado acudir al Constitucional para parar los pies a la Generalitat en esta materia.

30 millones al año

En estos momentos, la Generalitat ya dedica anualmente 30 millones de euros a su programa presupuestario de Acción Exterior –sin contar ayudas de cooperación internacional–. El presupuesto del Ejecutivo catalán de este 2023 ha reservado exactamente 29,86 millones de euros para su Acción Exterior.

PP y Vox, además de pedir al Gobierno que dijera si iba a adoptar medidas ante la política internacional de la Generalitat, le exigió que aclarara si su «permisividad» al respecto responde a las concesiones pactadas por Sánchez con Junts y ERC para seguir en La Moncloa. El Gobierno ha optado por la callada como respuesta.

La Consejería de Acción Exterior y UE de la Generalitat prevé abrir, de aquí a 2026, nuevas embajadas en países de Asia Meridonial, Sudeste Asiático y África Oriental, así como reforzar las «áreas estratégicas ya cubiertas», como Estados Unidos y la Unión Europea. También tiene previsto designar a un enviado especial en Irlanda y otro en Quebec (Canadá).