Rato dice que cobró legalmente sus conferencias: «Es un caso de discriminación»

El ex vicepresidente del Gobierno Rodrigo Rato ha defendido este jueves que cobró por sus servicios como conferenciante de forma legal, al igual que «muchas otras personas», ya que desde 2002 es «plenamente legítimo facturar a través de empresas».

El ex ministro, que ha declarado en los juzgados madrileños de Plaza de Castilla por el supuesto fraude en el cobro de conferencias, ha insistido a Efe en que Hacienda sólo ha recurrido a la vía penal en su caso pues si ha tenido dudas respecto al resto, las ha resuelto de forma administrativa.

En declaraciones a los medios, el que fuera director gerente del FMI ha dicho que estas pesquisas son un «claro caso de discriminación» en tanto que «otras personas con biografías similares y con responsabilidades similares o superiores a las mías» no se les ha atribuido delito fiscal alguno.

Según la Guardia Civil, entre 2007 y 2012 y durante el ejercicio 2014, la sociedad mercantil Arada, propiedad de Rato y de su ex mujer, facturó a la empresa Bureau Consulting de Conferenciantes (BCC) 1,7 millones de euros, siendo 2008, meses después de su salida del Fondo Monetario Internacional (FMI), aquel de mayor volumen.

En su denuncia, la Fiscalía Anticorrupción atribuye al ex ministro responsabilidades por el ejercicio 2012, año en el que se habrían defraudado, a falta de cifras definitivas, al menos 672.329 euros.

Esta cuantía «superaría los 120.000 euros» establecidos por el Código Penal como delito, y no podría considerarse prescrita.

Rato ha lamentado que, en el marco de la causa que investiga el origen de su patrimonio, la ONIF, Oficina Antifraude dependiente del Hacienda, haya presentado hasta 11 informes, ninguno definitivo, en los que le atribuía inicialmente una deuda tributaria por movimientos de divisas superior a 8 millones de euros.

Una acusación que ha calificado de «falsa» ya que, según él, se ha puesto de manifiesto que «esa cifra ha quedado reducida a cero».

En noviembre de 2015, siete meses después de la detención del exministro, el Instituto Armado solicitó al juez que se investigara la relación con BCC dado el «complejo entramado empresarial a través del cual [Rato] hace circular fondos provenientes de actividades profesionales».

Entre las operaciones que proponía analizar se encontraba la impartición de conferencias en diversos países, por las cuales el ex vicepresidente del Gobierno «recibiría importantes cantidades de dinero».

Para gestionar esta actividad, proseguía el documento contenido en el sumario, Rato contrató los servicios de BCC, sociedad administrada por los también investigados Pedro Díez y Francisca Buján, que han comparecido a lo largo de la mañana.